Tegucigalpa, Honduras
La polémica y sendas discusiones se avecinan con motivo de la construcción del dictamen de la Ley de Transparencia, Financiamiento y Fiscalización de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales.
Hasta ahora, hay un consenso de todos los partidos representados en el Congreso Nacional (CN) de entrarle a la discusión de esta normativa, pero no han profundizado sobre el tema del techo de aportaciones, financiamiento público y privado, gasto electoral y las prohibiciones extremas.
La Comisión de Asuntos Electorales del CN iniciará la próxima semana los trabajos de análisis, discusión y construcción del dictamen a través de grupos de trabajo.
En las fechas del 4, 5 y 6 de julio se realizará una jornada continua de preparación del dictamen, el cual deberá estar listo a más tardar en el mes de agosto, según el diputado José Alfredo Saavedra, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.
Saavedra manifestó que esta semana en las reuniones de trabajo se habló de generalidades e indicó que el tema de los recursos para financiar las campañas políticas es de interés nacional, al tiempo que resaltó que esa aspiración es un clamor popular.
La Maccih
Tres iniciativas de ley están expuestas en la mesa de discusión sobre las cuales la División de Asuntos Electorales de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) ha emitido sus criterios.
El vicepresidente de la Comisión, Antonio Rivera Callejas, informó que el dictamen de la nueva ley se elaborará con la asesoría de la Maccih, cuyos expertos harán las sugerencias para que las mismas sean tomadas en cuenta, pero serán los representantes de los partidos políticos quienes tendrán la última palabra.
Destacó la participación de las expertas mexicanas en asuntos electorales, Antonia Quiroz y Pilar Hernández, quienes se encuentran en el país y están trabajando conjuntamente en el dictamen.
Temas sensibles
Rivera Callejas afirmó que hasta ahora, con la moderación de la Maccih, se han debatido los conceptos generales, pero no hay acuerdos respecto a los techos de financiamiento, las definición de lo que es financiamiento público y privado, y qué es lo que se debe considerar como gasto electoral.
A juicio del designado presidencial, Ricardo Álvarez, debe existir control sobre el origen de los fondos, pero no es correcto fijar límites de las cantidades de dinero.
La diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, por su lado manifestó no estar de acuerdo con que se fije un límite de financiamiento en virtud que los partidos pequeños salen perjudicados. Precisó que este será un tema de debate al interior de la Comisión de Asuntos Electorales, donde se decidirá esta situación.
Los techos
En una matriz elaborada por los expertos de la Maccih resaltan aspectos de las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo, el diputado Edwin Pavón y el Tribunal Supremo Electoral. La propuesta del diputado Pavón establece un techo de aportación de personas naturales y jurídicas a los partidos políticos.
Impone la prohibición a los partidos políticos y a sus candidatos de cualquier nivel electivo recibir aportes individuales superiores al equivalente de 70 salarios mínimos, ya sea de personas físicas o jurídicas, por una sola vez, para el proceso electoral interno y el equivalente de 100 salarios mínimos para las elecciones generales.
Al valor actual, el salario mínimo es de 7,759.78 lempiras, monto que multiplicado por 70 salarios mínimos da el equivalente de 543,185 lempiras para las elecciones internas y de 775,185 de aportes para las elecciones generales.
Iguales límites a los montos de las contribuciones individuales establecidos en el artículo 8 de esta iniciativa de ley se aplicarán a los candidatos a la Presidencia de la República y a los candidatos a designados presidenciales.
En el caso de los candidatos a diputados al Congreso Nacional, el límite al monto de las contribuciones individuales será de 15 salarios mínimos y de ocho salarios mínimos a los candidatos a cargos de las corporaciones municipales.
Oficina de Control
La propuesta del Poder Ejecutivo contiene, entre otras cosas, la creación de la Oficina Nacional de Control Financiero del Financiamiento y Patrimonio Político Electoral como una entidad desconcentrada adscrita al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta oficina tendrá independencia técnica, funcional y administrativa; estará rectorada por un alto comisionado nombrado por el TSE, a propuesta de la asamblea general del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Se encargará de regular y supervisar el financiamiento de los partidos políticos, alianzas, candidaturas independientes, movimientos internos de los partidos y sus precandidatos y candidatos.
Además, será responsable de entregar los recursos del financiamiento público y de la deuda política a los partidos. En lo relativo a los financiamientos privados, la normativa prescribe que los institutos político-electorales, sus precandidatos y candidatos, deberán llevar un registro contable de todas sus contribuciones en dinero o especie, debiendo notificarlas a la Oficina de Control Financiero dentro de los 15 días siguientes de haberse recibido.
Su contravención se sancionará con multas de 200% y 500% del valor no registrado la primera vez y en sucesivas ocasiones.
La normativa prohíbe a los partidos y sus candidatos recibir donaciones anónimas, subvenciones de gobiernos y organizaciones extranjeras, contribuciones y donaciones del gobierno nacional o municipal, ayudas de asociaciones gremiales, sindicales o religiosas, así como dinero, recurso humano o especie del narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y cualquier otra actividad criminal.
No habrá elecciones si no hay reformas
Por su parte, el expresidente Manuel Zelaya, líder del partido Libertad y Refundación (Libre), advirtió que si no hay reformas electorales como lo demanda la oposición, no habrá elecciones en Honduras.
La oposición está pidiendo la segunda vuelta electoral, reformas sobre la forma de integrar las mesas electorales receptoras y representación de los partidos Pac y Libre en los organismos electorales (Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas).
“Si la oposición no está consciente de luchar por las reformas electorales, nos corremos el riesgo de ir a elecciones bajo represión y eso no hay que permitirlo”, sugirió Zelaya en la sede de su partido.
Y sentenció: “La posición de Libre es la siguiente: si no hay reformas electorales que den respuesta a los grandes problemas del fraude montado a nivel nacional, nadie se retira, pero no habrá elecciones en Honduras”.
De haber elecciones sin reformas “serían un fraude, un engaño, una traición a la voluntad popular y esas no son elecciones, eso es un acto de corrupción”.
