Tegucigalpa, Honduras
Las protestas estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han desatado la controversia entre las autoridades y los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, ha hecho fuertes declaraciones en torno a la postura que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) han tomado en relación con el conflicto protagonizado por estudiantes en las últimas semanas.
Este martes en conferencia de prensa, la socióloga arremetió contra la OACNUDH al punto de recomendarle a sus funcionarios “regresar a estudiar” para que puedan diferenciar entre protestas pacíficas y actos violentos.
“Nos preocupa que haya organismos nacionales e internacionales que califiquen la violencia como pacífica, es una aberración conceptual y, respetuosamente, estos organismos tienen que mandar a sus funcionarios a que se actualicen... La posición de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos es tan dañina para el país porque lo que hace esta oficina es justificar la violencia e indirectamente incita a la violencia”, manifestó Castellanos.
Hace dos semanas, 23 personas encapuchadas, supuestos miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), irrumpieron en horas de la noche en el edificio administrativo de la máxima casa de estudios, en donde luego de su desalojo se cuantificaron pérdidas materiales de más de medio millón de lempiras.
Las protestas de los estudiantes al inicio fueron por el rechazo al proceso judicial al que fueron sometidos Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, quienes fueron acusados de usurpación por actos cometidos en 2014 y 2015. Ayer, la protesta se hizo en horas de la mañana rechazando las supuestas intenciones de Julieta Castellanos para mantenerse un período más como rectora de la UNAH.
Respuesta
EL HERALDO conversó con la representante adjunta de la OACNUDH, Silvia Lavagnoli, sobre la controversia y aclaró que los pronunciamientos que como organismo han hecho son relacionados al acuerdo firmado en 2016, la condena de los tres exuniversitarios y no sobre los actos violentos que los supuestos miembros del MEU han realizado en la última semana.
“Ellos tenían cargos de usurpación, ese no es ‘per se’ un delito violento, no tenían cargos de violencia, nosotros defendemos el derecho a la protesta pacífica, de los hechos de hace dos semanas no manejo los detalles, pero en esos tres casos los cargos son de usurpación”,dijo Lavagnoli.
En ese sentido, manifestó que el acuerdo firmado en julio de 2016, en donde la UNAH se compromete a no ejercer acción civil en contra de los estudiantes del MEU en esa gestión y en la anterior, debe ser interpretado de buena fe.
Es decir que se esperaba que las acusaciones hechas a los tres acusados en 2015 quedaran extintas.
Sobre las declaraciones de Castellanos, Lavagnoli respondió: “Lo siento mucho este tipo de expresión que considero completamente injustificada, yo considero que la presencia de esta oficina es positiva para el país, la oficina está en el país a solicitud del Estado de Honduras”, comentó.
Por su parte, el ombudsman Roberto Herrera Cáceres afirmó a EL HERALDO que dentro de la UNAH es necesario encontrar un espacio de diálogo en donde se puedan solucionar de manera pacífica las diferencias, tal como se hizo en 2016 mediante el acuerdo.
Ayer en horas de la tarde, ambas instituciones dieron a conocer un comunicado en conjunto en donde invitan a ambas partes, estudiante y autoridades, a “cumplir de buena fe el acuerdo firmado, institucionalizando el diálogo que garantice la solución de controversias”, dice el documento.
Ambas instituciones se pusieron a la disposición para acompañar a las partes a alcanzar este propósito.
