TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno asumirá el aumento retroactivo del costo del peaje, es decir, lo dejado de pagar en los años 2021, 2022 y 2023. También se hará cargo del incremento para los años 2024, hasta llegar al 2025.
La cláusula 9.4 de contrato de concesión establece que todos los años se hará una revisión a la tarifa del peaje con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en dólares.
Lo que hace falta es definir la forma en cómo se harán efectivo el pago por parte de gobierno, cuyo propósito es evitar que este monto impacte directamente en el bolsillo de los hondureños.
Datos de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) establecen que la recaudación de las tres casetas de peaje, ubicadas en la carretera CA-5 norte, era de unos 718.3 millones de lempiras al 2021.
De acuerdo con Covi Honduras, en todo el tiempo que no han recibido el aumento, han dejado de percibir alrededor de 170 millones de lempiras, es decir, unos 56.6 millones de lempiras por año.
Ese sería, en promedio, el pago por año que estaría asumiendo el gobierno a partir de hoy, luego de intensas negociaciones que se vienen realizando desde el año anterior, cuando fue frenado el incremento.
Al tener garantizado estos recursos, Covi Honduras reanudará las obras de mantenimiento y construcción en la carretera CA-5 norte, en las que no han podido avanzar en los últimos años debido a la falta de estos recursos. EL HERALDO informó que desde ayer lunes Covi aumentaría el costo de la tarifa en los peajes, sin embargo, tras varios días en reuniones entre las partes involucradas se reculó en el alza.
Entre los puntos más elementales está que la tarifa actual de los peajes estará vigente hasta el 2026, en vísperas de que un nuevo gobierno tome posesión del país.
La promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro de eliminar este cobro parece que no podrá ser cumplida.
Acuerdos
Además de descartar incrementos por este año y el próximo, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, también informó que se instaló una mesa de trabajo “que tiene como finalidad tomar las mejores decisiones para el bien de la población”.
Aclaró que el contrato con Covi “se tiene que honrar porque pueden haber repercusiones”.
También explicó que para eliminar el cobro, quirúrgicamente se debe de actuar desde el Congreso Nacional porque esta concesión es un decreto legislativo.
“Esto se amarró en el Congreso Nacional y todos los hallazgos que tengamos en la revisión serán remitidos al CN para colocarlo en agenda y tomar una decisión”, agregó.
Mientras tanto, Pineda aseguró que seguirán haciendo todo lo que el contrato estipula porque de lo contrario pueden ser demandados y “hay altas probabilidades que el Estado pierda la demanda”.
El dirigente de transporte de carga pesada, Edgardo Menéndez, llamó a respetar la ley pero que la concesionaria debe garantizar la construcción de las obras pendientes.
“El Estado firmó un contrato y en él dice que todos los años debe de haber un ajuste, pero cuando hablamos de ajuste es para los dos lados que hay derechos y obligaciones, la concesionaria debió cumplir con las obras que están en este contrato, lo cual no ha pasado”, dijo.
Por su parte, el diputado Oved López dijo que “como congresistas de Libre tenemos que revisar el contrato y ver de qué manera eliminar los peajes como se prometió en campaña”.
En tanto, la SIT ya comenzó a revisar el contrato para analizar anomalías, incumplimientos para ser enviadas al Legislativo y desde ese poder del Estado tomar las decisiones.
