Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, manifestó sin rodeos que los actos de corrupción dentro del sistema judicial no solo se limitan a la recepción de sobornos, sino que también incluyen prácticas como el engavetamiento de expedientes.
La titular de la CSJ expresó: “La corrupción no solo es recibir dinero, es guardar un expediente y tenerlo uno o dos años allí sin resolver. Eso no es justicia”.
Además, la presidenta de la CSJ criticó la Ley de la Carrera Judicial, que otorga a los jueces una inamovilidad casi absoluta en sus cargos, lo que dificulta las acciones correctivas en casos de mala praxis o corrupción.
Según la funcionaria judicial, esta ley no solo impide que los jueces sean sancionados por actos ilícitos, sino que también ha dejado a la ciudadanía expuesta a decisiones judiciales de jueces cuya credibilidad ya está comprometida.
"La ley establece que se debe solicitar un antejuicio para obtener y presentar las pruebas necesarias de que un juez está implicado en actos ilícitos para ser suspendido de su cargo. Sin embargo, esta ley es arcaica, y no permite siquiera la suspensión de un juez por sospechas de actos ilícitos, lo que genera una gran injusticia hacia la ciudadanía", apuntó la titular del Poder Judicial.
Para la magistrada, esta situación es grave debido a que las personas que enfrentan la administración de justicia deben poder confiar en la imparcialidad y capacidad de los jueces, algo que hoy no ocurre en Honduras.
Por otro lado, la presidenta aseveró que el sistema judicial presenta un entorno de desconfianza generalizada. “La ciudadanía no comparte, no cree en el sistema judicial hondureño y nos ha tocado a nosotros ir cambiando esto”, señaló con tono firme.
El diagnóstico apunta a un problema estructural dentro del sistema judicial que no se limita a la corrupción, sino también a una falta de compromiso para cambiar las leyes y mejorar las prácticas judiciales.
Resaltó que, aunque la ley no permite suspender a los jueces sin un antejuicio, esto no es justo para la población.
“Es injusto que la ciudadanía siga siendo juzgada cuando hay una persona a la que ya se le ha perdido la credibilidad. Yo sé que hasta que sea juzgado debidamente y haya una sentencia firme, pero mientras tanto lo menos que se puede hacer es suspenderlo. Y eso no lo podemos hacer dentro del poder judicial. Habrá que esperar un antejuicio, que salgan todos los elementos; realmente lo tienen a uno con las manos atadas”, esclareció.
Sin embargo, la misma Rebeca Ráquel Obando ya realizó una serie de traslados de jueces y magistrados, lo que aún genera un gran debate sobre la legalidad y la motivación detrás de estas decisiones.
De acuerdo con la presidenta de la CSJ, los traslados se realizan con el objetivo de asegurar que los jueces cumplan con sus funciones y no estén involucrados en actos de corrupción.
Pero esta práctica es criticada por muchos como una estrategia para acallar a quienes cuestionan el sistema judicial o como una forma de “reordenar” el poder dentro de la justicia.
Explicó que cada traslado tiene un fundamento, ya sea porque el juez no está cumpliendo con sus responsabilidades o debido a las denuncias de corrupción que rodean su desempeño.
“Cada traslado que se ha efectuado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia ha tenido un motivo. Puede ser un motivo de que no esté cumpliendo con sus funciones; puede ser que sean motivos que hemos escuchado, las voces disonantes, que hay mucha corrupción. No podemos obviar nosotros eso, que hemos heredado un poder judicial definitivamente poco creíble”, aseveró.
El hecho de que algunos de estos traslados hayan sido tan abruptos y aparentemente injustificados causó malestar dentro de la judicatura, como lo demuestran las declaraciones de la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (ASOJMAH), Ana Consuelo Cardona.
Cardona denunció que “los traslados de personas juzgadoras a diferentes lugares han continuado sin justificación alguna”, lo que contraviene los principios establecidos por la Constitución y las normas internacionales sobre la independencia judicial.
La titular de la ASOJMAH no solo expuso los traslados injustificados, sino que también expresó que, como consecuencia de sus palabras, fue víctima de represalias.
“Han iniciado represalias en mi contra como presidenta de la Asociación debido a los comunicados y denuncias que realizo en defensa de la independencia judicial y la inamovilidad de jueces y magistrados”, declaró.
Toda esta situación pone de manifiesto el clima de intimidación que enfrentan muchos jueces y magistrados que se atreven a señalar las irregularidades dentro del sistema judicial, especialmente cuando esas irregularidades están relacionadas con la corrupción.
Cardona añadió que los jueces que emiten resoluciones que van en contra de los intereses de quienes están en el poder también son objeto de acoso laboral.
“Se ha registrado acoso laboral contra jueces y magistrados por las resoluciones que han emitido”, confesó la presidenta de la ASOJMAH.
Los traslados de jueces no solo afectan a los funcionarios judiciales, sino que también tienen un impacto directo en sus familias.
Entre los casos más sonados se encuentra el de la jueza Ligia Matamoros, quien, a pesar de estar embarazada, fue trasladada de su cargo como jueza de Letras de Trabajo en Choluteca al Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula.
Otro caso controversial fue el de la magistrada Julissa Aguilar, quien fue degradada de su puesto en la Corte de Apelaciones a un cargo administrativo en la Escuela Judicial, lo que generó un rechazo generalizado entre sus colegas. La magistrada impugnó esta decisión, acusando un acto de injusticia.
También se mencionó el traslado de la jueza Ibeth Benítez, quien pasó de ser magistrada de lo Contencioso Administrativo en Tegucigalpa a ser destinada a La Ceiba, sin explicación alguna.
Además, el magistrado Danery Medal, quien trabajaba en el Juzgado Civil de Tegucigalpa, fue enviado a La Ceiba, pero impugnó esta asignación.
Posteriormente, fue nombrado director del Archivo del Poder Judicial en la capital, cargo que también rechazó, generando más tensiones dentro de la judicatura.
Por otro lado, el abogado Conan Rafael Argueta fue trasladado desde su puesto en la Corte Segunda de Apelaciones Civil en Tegucigalpa a Choluteca, lo que, según Cardona, resultó en una degradación de su puesto sin una justificación clara.
Este tipo de traslados son percibidos como una forma de sancionar a los jueces que denunciaron actos de corrupción o que han emitido fallos que no se ajustan a los intereses del poder político.
Esto hace que exista una gran desconfianza entre los jueces y magistrados, quienes temen que sus decisiones puedan tener consecuencias negativas en sus carreras.
El hecho de que muchos de estos traslados se hayan realizado sin una justificación clara alimenta aún más la percepción de que el sistema judicial está siendo manipulado desde las altas esferas del poder.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los traslados y cancelaciones de jueces que se hicieron sin su consentimiento, ya que estos actos son contrarios al principio de inamovilidad judicial.
En su informe, la CIDH subrayó que “continúa pendiente la promulgación de una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que se ajuste a los estándares internacionales en materia de independencia judicial”.
Además, la CIDH recordó que en su sentencia en el caso López Lone versus el Estado de Honduras, la Corte Interamericana estableció que la inamovilidad de los jueces es una garantía esencial para el acceso a la justicia.
Según la CIDH, esta garantía refuerza la independencia judicial y protege a los jueces de presiones externas, ya sean políticas o económicas.
Por su parte, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) también se pronunció sobre la situación en Honduras, exhortando a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia a respetar la carrera judicial y la inamovilidad de los jueces.
“Hacemos un llamado a respetar la carrera judicial y la inamovilidad de los jueces en pro de la independencia judicial de cada miembro de la judicatura, a fin de que no se traslade a jueces y magistrados sin justificación alguna”, destacó la FLAM.
A pesar de los obstáculos y las críticas, la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando, sigue insistiendo en la necesidad de reformas que permitan un acceso más eficiente y transparente a la justicia.
“Lo que queremos es que la gente, que la ciudadanía tenga un acceso rápido, justo, que sean bien tratados cuando ingresen aquí a las puertas de cada juzgado, que no sea esa burocracia para resolver algo”, expresó.
Sin embargo, para que estas reformas sean efectivas, será necesario realizar cambios en la legislación vigente, especialmente en la Ley de la Carrera Judicial, que actualmente limita la capacidad del sistema judicial para sancionar a los jueces que cometen irregularidades.
