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Tegucigalpa, Honduras.- Al margen de la ley, la presidenta del Poder Judicial (PJ), Rebeca Ráquel, separó del cargo y trasladó a otro puesto a una magistrada de la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente.
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Se trata de la magistrada Yessenia Julissa Aguilar Santos, quien se desempeñaba como miembro de esa Corte, judicatura que el pasado 15 de noviembre determinó por mayoría de votos, remitir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el requerimiento fiscal contra el exalcalde de la capital, Nasry “Tito” Asfura y siete personas más.
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Esta situación abre el debate, si la acción de Ráquel es una decisión con tintes políticos, por el hecho de que Aguilar Santos haya votado a favor para que el caso de “Tito” Asfura fuera conocido por un juez natural de la CSJ y no por el Juzgado de Criminalidad Organizada.
El sustituto
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En reemplazo de Julissa Aguilar, la titular del Poder Judicial nombró al magistrado Adán Guillermo López Lone, quien venía fungiendo como magistrado en la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán.
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Julissa Aguilar integró la Junta Nominadora entre 2022 y 2023, encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados para la CSJ que tomó posesión en febrero de 2023; es preciso por esa función desempeñada por Aguilar, que existe una prohibición legal para que no fuera removida de su cargo, según manda la Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la Elección de los Candidatos a Magistrados de la CSJ.
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López Lone es el cuñado de la magistrada de la Sala Constitucional, Sonia Marlina Dubón Villeda y esposo de la magistrada Tirza Flores Lanza, ambas funcionarias ligadas al Partido Libertad y Refundación (Libre) y es este parentesco por afinidad el que también genera susceptibilidad por la separación de Aguilar.
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El hecho de que López sea magistrado en propiedad, le dará la potestad de presidir la Corte de Apelaciones de Criminalidad Organizada y ordenar la integración de magistrados.
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Su sueldo mensual será de 127,825 lempiras, dentro del grado salarial 12, en el Poder Judicial.
Denuncias ante la CIDH
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La presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asojmah), Ana Cardona, manifestó que se hizo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los movimientos arbitrarios ocurridos en el Poder Judicial en los últimos años.
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”En el caso en general, se denunció todos los traslados que han existido y la preocupación de estos traslados ¿cuál es?; primero, que vulnera el principio de inamovilidad de los jueces y posteriormente el de la independencia judicial”, dijo Cardona.
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La jueza agregó: “Que lo preocupante es que cuando trasladan a un juez o lo remueven de su cargo, nombran a una persona que ni siquiera se ha sometido a un concurso para el cargo y nombran específicamente a persona afines a magistrados que puedan tener interés particular en cierto casos de alto impacto.
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Julissa Aguilar ostentaba el cargo interino de directora de la Escuela Judicial y ahora pasaría a tener el cargo en propiedad, un cargo de menor relevancia en este poder del Estado.
