TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Procuraduría General de la República (PGR) dejó indefenso al Estado al no proteger sus intereses durante un millonario juicio, en el que se embargan más de 67 millones de lempiras de las arcas del Instituto de la Propiedad.
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Durante el proceso, que se remonta a 2017, los apoderados legales del Instituto de la Propiedad representaron sus intereses en el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán.
Según consta en el expediente 0801-2017-05080, el 14 de enero de 2022, la asesora legal del IP, Lesbia Sugey Banegas, interpuso un recurso de apelación contra la resolución del juez de primera instancia de lo civil, que ordenaba embargar los millonarios recursos a la institución.
No obstante, Banegas dejó de laborar en el Instituto de la Propiedad en junio de 2022.
En ese sentido, el procurador de la República, Manuel Antonio Galeas, según revelan los documentos oficiales del Juzgado Civil a los que tuvo acceso EL HERALDO, promovió un recurso de nulidad absoluta de actuaciones de la abogada Banegas.Y no solo eso, en el mismo escrito asumió la representación legal del Estado de Hondura durante el juicio civil para defender los intereses del Estado.
Sobre el particular, el procurador Galeas aseguró que “los abogados que llevan esa demanda no forman parte de los procuradores de la PGR, sino que son abogados de la Dirección Legal del IP”.
Recientemente la sentencia fue ratificada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, condenando al Instituto de la Propiedad por daños y perjuicios, obligándolo a pagar la millonaria suma de dinero.
Frente al fallo, la Procuraduría estaba obligada a presentar un recurso de casación ante la Sala Civil , que es la última instancia del derecho para tratar de solventar la situación.
Pero, la PGR -a pesar de tener la representación del Estado en el caso- no presentó el recurso para tratar de revertir el millonario embargo y la sentencia adquirió el carácter de firme y ejecutable.
En los últimos días, la demanda que fue interpuesta por los señores José Abraham Figueroa, Carlos Francisco Velásquez y Lilian Dolores Fiallos fue remitida a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a petición de la PGR, para someterla a un ad effectum vivendi.
Esta figura jurídica faculta a la Sala Constitucional a observar, analizar y recomendar expedientes en relación con sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del país.
Sin embargo, los jueces constitucionales no pueden modificar la sentencia dictada.
En los últimos días, el Juzgado Civil de Francisco Morazán dictó una sentencia definitiva de un embargo de casi tres mil millones de lempiras a las cuentas del Estado, por una demanda interpuesta por la empresa estadounidense DRC Inc., que demandó al Estado desde 1998 por un incumplimiento de contrato.
En este caso, la PGR no interpuso un recurso de apelación y la condena también adquirió carácter de firme.Las autoridades del Poder Ejecutivo informaron que no reconocerán la sentencia y se negaron a pagar la demanda.
Más bien anunciaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para buscar -según el Ejecutivo- revertir el embargo, sin embargo, este amparo si es presentado será desestimado porque la PGR no interpuso los recursos para habilitar esta figura en la Sala Constitucional.
