TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El proyecto legislativo que busca derogar la
Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) no tendrá ningún futuro y no cumplirá con sus intenciones en el Congreso Nacional.
Este es el análisis en el que coinciden diferentes sectores de la sociedad que, además, aseguran que el proyecto fue planteado solamente para presionar al Poder Ejecutivo a fin de que frene una inminente prórroga al convenio que expira el 20 de enero de 2020.
“Esa es una cuestión simbólica de las personas que se oponen a la Maccih en el Congreso Nacional, porque el convenio va a expirar en enero de 2020 si el convenio no lo renueva, me parece a mí que es un mecanismo más de presionar al Ejecutivo para que no apruebe la continuidad de la Maccih”, expresó el juez Mario Díaz.
El representante de la sociedad civil, Lester Ramírez, cuestionó que “son algunas reacciones impulsivas que se están tomando en el Congreso. Hay una actitud autoritaria e impositiva. Son impulsos porque están desesperados”.
“Para mí es improcedente por que los tratados no pierden su vigencia o se derogan en base a actos unilaterales del Poder Legislativo, es decir, los propios tratados que establece el Congreso establecen los mecanismos internos mediante los cuales pierden su vigencia”, explicó el experto.
El excongresista aseveró que aunque el tratado forma parte del derecho interno no es, técnicamente hablando, una ley y el procedimiento para su derogatoria o suspensión lo establece el mismo convenio y se conoce como denuncia del convenio.
“La Mesa de Evaluación percibe que este retraso se debe a una falta de comunicación y coordinación efectiva entre las partes”, señalan los evaluadores en su informe.
Aunque reconocen un progreso significativo con respecto a la labor de los jueces y fiscales, y las reformas legales e institucionales al sistema de anticorrupción en Honduras.
Pero identificó que existe una falta de respuesta del Congreso Nacional en la aprobación de los proyectos de ley elaborados por la Maccih, como la Ley de Colaboración Eficaz.
Este es el análisis en el que coinciden diferentes sectores de la sociedad que, además, aseguran que el proyecto fue planteado solamente para presionar al Poder Ejecutivo a fin de que frene una inminente prórroga al convenio que expira el 20 de enero de 2020.
“Esa es una cuestión simbólica de las personas que se oponen a la Maccih en el Congreso Nacional, porque el convenio va a expirar en enero de 2020 si el convenio no lo renueva, me parece a mí que es un mecanismo más de presionar al Ejecutivo para que no apruebe la continuidad de la Maccih”, expresó el juez Mario Díaz.
El representante de la sociedad civil, Lester Ramírez, cuestionó que “son algunas reacciones impulsivas que se están tomando en el Congreso. Hay una actitud autoritaria e impositiva. Son impulsos porque están desesperados”.
Improcedente y desacertado
Por su parte, el exdiputado y analista Raúl Pineda Alvarado calificó la propuesta de ley presentada por el diputado suplente del nacionalista José “Joche” Villanueva, Edwin Gómez, como desacertada.“Para mí es improcedente por que los tratados no pierden su vigencia o se derogan en base a actos unilaterales del Poder Legislativo, es decir, los propios tratados que establece el Congreso establecen los mecanismos internos mediante los cuales pierden su vigencia”, explicó el experto.
El excongresista aseveró que aunque el tratado forma parte del derecho interno no es, técnicamente hablando, una ley y el procedimiento para su derogatoria o suspensión lo establece el mismo convenio y se conoce como denuncia del convenio.
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El abogado Jair López calificó el proyecto como “inexplicable en contexto actual, en vista de que el convenio no regula ese procedimiento. Ese proyecto no tiene ni pies ni cabeza”.
En el contrato se estableció que la Maccih solamente se retiraría del país si el Estado deja de cooperar para el pleno ejercicio de las funciones y facultades o por la falta de recursos financieros de la comunidad internacional.
Aunque el convenio podrá terminarse de mutuo consentimiento o podrá darse por terminado por cualquiera de las partes mediante la notificación escrita a la otra con una antelación no menor a los sesenta días.
Evaluación
El jueves anterior, la Mesa Técnica de Evaluación de la Maccih -conformada por Vilma Morales, Jorge Omar Casco, Tania Pschepiurca y Ana Juárez- identificó que aún está pendiente la elaboración de un Plan de Acción Nacional para la implementación de acciones y recomendaciones formuladas a Honduras por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic).“La Mesa de Evaluación percibe que este retraso se debe a una falta de comunicación y coordinación efectiva entre las partes”, señalan los evaluadores en su informe.
Aunque reconocen un progreso significativo con respecto a la labor de los jueces y fiscales, y las reformas legales e institucionales al sistema de anticorrupción en Honduras.
Pero identificó que existe una falta de respuesta del Congreso Nacional en la aprobación de los proyectos de ley elaborados por la Maccih, como la Ley de Colaboración Eficaz.
