TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En manos del Congreso Nacional continúan varias reformas que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha pedido para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Estas fueron planteadas desde diciembre del 2022 y en el mismo Poder Ejecutivo han reconocido que el Legislativo debe gestar las reformas, entre ellas constitucionales.
La ONU planteó la necesidad de hacer reformas al marco normativo que regula el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
A su vez, exigieron la abrogación del decreto 116-19 que limita las funciones del Ministerio Público y la modificación de las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
A la CNBS también pidieron allanar el camino para permitir el levantamiento del secreto concerniente a la situación del lavado de activos y fideicomisos.
Además, la aprobación de los instrumentos necesarios para el establecimiento en su caso de la figura de colaboración eficaz.
Negativa
En julio de 2023, una misión de la ONU preguntó al Congreso si hay anuencia de reformar o derogar el decreto 04-2022, conocido como Ley de Amnistía Política o Pacto de Impunidad II.
No obstante, este poder del Estado dirigido por Luis Redondo ha enfatizado al unísono en su directiva que no hay intención de hacerlo.
Otro punto que la ONU solicitó es la eliminación de inmunidad a diputados, según reconoció Ramón Barrios en marzo pasado.
