El cuestionamiento más fuerte está en la reforma a la Constitución de la República para que, según los expertos, haya un “pequeño territorio soberano” dentro del territorio hondureño, en palabras del abogado y analista Raúl Pineda Alvarado.
Para la aprobación de este proyecto fueron reformados tres artículos de la Constitución: el 294, 304 y 329, violentando “el principio de aplicación territorial de la ley nacional”, denunció en un amplio comunicado el Colegio de Abogados de Honduras.
Con la reforma del artículo 294, la Constitución permite que Honduras aplique un modelo tripartita, es decir que, la división territorial será en departamentos, corporaciones municipales y las zonas sujetas a regímenes especiales, también conocidas como “ciudades modelos”.
Mientras que los artículos 304 y 329 hablan sobre la jurisdicción del Estado para aplicar leyes y justicia en su propio territorio. Estas reformas le dan total autonomía para gobernarse.
“Los hondureños van a entrar en una jurisdicción distinta, con aplicación de leyes extranjeras, su propia policía, su propia modalidad de recaudación de impuestos. Prácticamente estamos creando un pequeño país dentro de nuestro país”, explicó Pineda Alvarado.
La Ley Orgánica de las ZEDE menciona en el artículo 1 que tiene la facultad de establecer su propia política y normativa para acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación, similar a las “charter cities”, modelado emulado de cómo funciona Hong Kong con China.
Además, tienen independencia tributaria y fiscal, todo eso solo por debajo de la Constitución de la República, los tratados internacionales y la misma ley de las ZEDE.
Para los expertos, no existe lógica en la misma normativa, ya que con la aprobación de las también llamadas “ciudades modelos” se está violentado la Carta Magna. Además, cuestionan que se trata de la venta del territorio hondureño “en pedazos”, lo que también dejará a centenas de personas desplazadas.
En septiembre se conoció que el primer proyecto de las ZEDE se construye en la comunidad de Bejucales, en el municipio de Choloma, Cortés, al norte de Honduras.
La construcción fue denominada Ciudad Morazán y se trata de una maquilera que facilitará trabajo a unas ocho mil personas. La segunda parte de la obra será la cimentación de unos 100 apartamentos y casas para alquilar a los trabajadores.
Carlos Alfonso Fortín Lardizábal, secretario técnico de esa ZEDE, informó a La Prensa que la inversión inicial es de 100 millones de dólares y que se construye en esa región debido a que el “Valle de Sula, y Choloma en particular, es el área económicamente más vibrante de Honduras”.
Fortín también defendió el proyecto al asegurar que no viola la soberanía porque “Ciudad Morazán es parte de Honduras. Estamos sujetos a la Constitución de la República, a los tratados internacionales firmados por Honduras y a todas sus leyes penales y civiles. Los jueces serán nombrados por el Poder Judicial de Honduras. Los conflictos privados serán resueltos por arbitraje, figura jurídica que ya existe en Honduras”.
“La Ley Orgánica de las ZEDE es la norma general bajo la cual se regula. Hay disposiciones jurídicas emanadas directamente de las autoridades de Ciudad Morazán, las cuales son publicadas en nuestro sitio web una vez las aprueba nuestra entidad reguladora, que es el CAMP”, detalló.
Pero el temor de las comunidades radica precisamente en las decisiones que ese comité pueda tomar, especialmente al hablar de la expropiación de las tierras.
Por ejemplo, la isla de Zacate Grande, ubicada a 8.8 kilómetros de Amapala, en el departamento de Valle, al sur de Honduras, es una de las zonas destinadas para estos proyectos, sin embargo, la misma comunidad se ha opuesto porque lo consideran una amenaza.
“En la isla de Zacate Grande estamos hablando de un poco más de siete mil habitantes (…) Según la información que tenemos de las ZEDE, se va a construir en la mayoría de las comunidades, donde está la calle que llega hasta Coyolito, donde se embarca para Amapala”, explicó con preocupación Roxana Vásquez, coordinadora de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza).
Esta localidad, conocida por su clima cálido y por estar rodeada del océano Pacífico, vive de la pesca y el turismo. Se trata de un volcán extinto de siete por diez kilómetros, del cual sus pobladores se han convertido en protectores, aunque no tengan ningún documento que los avale como dueños de esas tierras.
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“No ha existido socialización del proyecto. Sabemos que se va a implementar porque hay una ley ZEDE y se habla de que una de las zonas es Amapala (…) No tenemos información, pero sabemos que significa desalojo para las comunidades porque la misma ley dice que las ZEDE se pueden extender hacia donde quieran”, cuestionó Vásquez.
Aún se desconoce la ubicación exacta de algunos proyectos, pero serán instalados en los departamentos de Cortés, Colón, Atlántida, Gracias a Dios, Valle, Choluteca e Islas de la Bahía, donde recientemente hubo un incidente que causó miedo e indignación entre sus pobladores
En las redes sociales circuló un video sobre un incidencia en Islas de la Bahía donde se ve al alcalde de Roatán, Jerry Hinds, los inversionistas de las ZEDE, varios policías y algunos pobladores bastante molestos, ya que los empresarios estaban “atemorizando” a los habitantes de Crawfish Rock de que perderían sus propiedades.
El incidente ocurrió a mediados de septiembre en la populosa comunidad de Islas de la Bahía, donde los policías forcejearon con los guardaespaldas de uno de los empresarios, quien al final se vio obligado a salir del lugar.
“¿Que le van a quitar la tierra a la gente?, cómo uno va estar de acuerdo con eso. Eso es muy grave y muy triste, que ha eso hemos llegado', declaró en ese entonces el alcalde de Roatán en entrevista con EL HERALDO.
Crawfish Rock es una pequeña comunidad de Islas de la Bahía donde viven al menos 400 personas. Según sus habitantes, esta sería la primera región de ese departamento destinada para empezar con el proyecto y muestra de ello fue el aviso que dio uno de los inversionistas.
“Originalmente se dijo que esto iba a funcionar en zonas despobladas, sin ninguna inversión, que iban a ser una zona especial de desarrollo, y esto declarado inconstitucional por la Corte se convierte en algo peor, se utiliza todo el país y se convierte en una zona de no desarrollo sino en una zona de empleo”, advirtió el analista Raúl Pineda.
La Ley menciona que al declararse una región como ZEDE, si cuenta con infraestructura propia deben reconocer los títulos de propiedad sobre los bienes inmuebles, siempre y cuando estén dentro de “su ámbito espacial de competencia”, es decir, los límites territoriales.
El artículo 25 habla sobre la expropiación previa indemnización en zonas “de baja densidad poblacional”, incluso si existe oposición por parte de “terceros”. “Podrán expropiar el inmueble consignando el valor del mismo”, detalla el siguiente artículo.
“Lo que estamos viendo son Estados dentro de Estados, con una modalidad especial de así como en Islas de la Bahía quieren crear un modelo expansivo, una vez instalados no solo se quieren quedar con una zona restringida sino que hay evidencias o comentarios de ‘nos vamos a quedar con la isla’ y ‘¿por qué no quedarnos con un país?’”, cuestionó el abogado.
No existe información certera de cuántas personas resultarán afectadas por los proyectos, que según el mismo analista dejaría ganancias solo para una minoría.
Forma de gobierno
El artículo 11 de la Ley orgánica de las ZEDE menciona que son 21 personas las que formarán un Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), siendo el secretario técnico el funcionario con mayor cargo.El cargo tiene una vigencia de siete años y puede ser prorrogable o revocable. Solamente personas de nacionalidad hondureña tienen la facultad para ostentar al cargo y habrá un secretario por cada ZEDE.
Todos los miembros son nombrados por el mismo Presidente de la República y ratificado por el Congreso Nacional.
La normativa detalla que los integrantes son los encargados de aprobar las reglas internas, proponer al Consejo de la Judicatura, fijar un área en zona contigua en caso de expansión futura y contratar la firma auditora.
El Colegio de Abogados denunció que el otorgar esas funciones a 21 personas se convierte en un procedimiento constitucionalmente ilegítimo, ya que violenta el principio de aplicación territorial, específicamente en los artículos 30 y 41, en el numeral 1.
El artículo 30 menciona que “los extranjeros están obligados desde su ingreso al territorio nacional a respetar las autoridades y a cumplir las leyes”, mientras que el 31 habla sobre el goce de los mismos derechos civiles de los hondureños “con las restricciones que, por razones calificadas de orden público, seguridad, interés o conveniencia social establecen las leyes”.
¿Quiénes serán los gobernantes?
En el decreto 368-2013 fueron publicados en el diario oficial La Gaceta los nombres de las 21 personas que estarán al frente del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, es decir, los encargados de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.Entre los nombres figuaran Ricardo Leonel Cardona López, secretario privado y jefe de gabinete presidencial y Ebal Jair Díaz Lupian, quien actualmente se desempeña como secretario de la presidencia.
EL HERALDO intentó comunicarse con Díaz para consultarle sobre su cargo dentro del CAMP y cómo funcionarán a nivel nacional, pero no contestó las llamadas ni los mensajes.
Otros de los integrantes son el expresidente de Honduras en el periodo 2002-2006, Ricardo Maduro Joest; y Octavio Rubén Sánchez Barrientos, ministro staff durante el gobierno del exmandatario Porfirio Lobo Sosa.
El norteamericano Mark Klugmann, quien ha trabajado como asesor durante la gestión del presidente Juan Orlando Hernández es otro de los integrantes. En diálogo con el medio Libre Mercado, Klugmann denominó las ZEDE como “demarcaciones en las que se ofrecen facilidades a las empresas y los inversores”.
Además, afirmó que “hay numerosas razones para desarrollar nuevas zonas económicas especiales. Permiten que todo un país sea testigo del efecto que puede tener un tratamiento más favorable al sector privado”.
Otras de las 21 personas que conforman el comité son el activista político y estratega por causas conservadoras, Grover Norquist; y Faith Whittlesey, quien fue miembro del personal senior de la Casa Blanca durante el gobierno de Ronald Reagan. Whittlesey falleció en 2018.
Kakha Bendukidze, Morton Blackwell, Alejandro Chafuen, Lars Seier Chistensen, Alex Cranberg, Enrique Ghersi, Bárbara Kolm, Mark Klugmann, Grover Norquist, Surse Pierpoint, MarkSkosen y Loren Smith también aparecen como miembros del Comité.
Además de Gabriela Von Habsburg, Richard Rahn, Michael Reagan y Salem Ben Nasser Alismaily.
La normativa menciona que estas personas pueden ser reemplazadas, pero no hay información que detalle quiénes las sustituyen, especialmente en caso de muerte.
Convenios internacionales
La legitimidad de las ZEDE no solo es cuestionada por violentar la Constitución de la República, según analistas y abogados, sino también por pasar por encima de tratados internacionales.El Colegio de Abogados de Honduras denunció recientemente que las “ciudades modelo” violenta el tratado entre El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda durante la época de la Reina Victoria que reconoce la soberanía de Islas de la Bahía y el territorio misquito.
El convenio fue firmado en Comayagua el 28 de noviembre de 1859.
“El artículo 1 establece que, su Majestad Británica conviene en reconocer las islas de Roatán, Utila, Elena, Guanaja, Barbarete y Moral, conocidas como las Islas de la Bahía y situadas en la bahía de Honduras, cuyos habitantes de dichas islas no serán molestados en la posesión de cualquier propiedad que ellos hayan adquirido”, menciona parte del tratado y que fue replicado por el Colegio de Abogados.
El tratado también menciona el compromiso de Honduras en no ceder ese territorio o el derecho de soberanía a ninguna nación o Estado cualquiera.
Lo mismo ocurre con el territorio misquito, ubicado en Gracias a Dios, donde el tratado prohíbe ceder esas tierras o molestar a sus habitantes.
Fallos
El proyecto de las “ciudades modelos” fue presentado en el Congreso Nacional desde el 2011 bajo el nombre de Regiones Especiales de Desarrollo (REDs), sin embargo, en 2012 la Corte Suprema de Justicia de Honduras lo declaró inconstitucional.La decisión fue llevada al pleno de la Corte, donde 13 de los 15 magistrados votaron en contra del proyecto impulsado por el entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa. Más de 50 recursos de inconstitucionalidad fueron presentados contra la normativa.
En 2013 fueron aprobadas las reformas a la Constitución de Honduras que le dieron vida a las “ciudades modelo” bajo el nombre de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
En 2014 el Ministerio público la legalidad de esta nueva versión y aseguró que no existía violación a las garantías constitucionales. Desde entonces, los proyectos han avanzado de forma lenta y miesteriosa, ya que se desconocen detalles de los lugares y cómo funcionarán.
Actualización: El lunes 24 de mayo de 2021 el Congreso Nacional aprobó, con el voto del oficialismo del Partido Nacional, una reforma que brinda más exoneraciones fiscales a estos territorios.
