TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A más de dos años de la entrada en vigencia de la Ley para la construcción del Estado Constitucional de Derecho para que los hechos no se repitan, más conocida como la Ley de Amnistía Política, diferentes sectores cuestionan que se trata de un pacto de impunidad para beneficiar a funcionarios y exfuncionarios.
Incluso, el rechazo fue aún mayor después de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon que era constitucional y que los recursos de inconstitucionalidad contra la normativa no procedían. La votación fue de 10 a favor y 5 en contra.
La polémica ley, que fue aprobada en el Congreso Nacional en febrero del 2022 mediante el decreto 04-2022, busca extinguir procesos penales contra presos políticos, defensores del medio ambiente y exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Sin embargo, sectores que se oponen al también denominado “pacto de impunidad 2.0” señalan que el decreto ha beneficiado más a exfuncionarios que fueron señalados por actos de corrupción que a personas que han sido perseguidas políticamente por ejercer su derecho a la protesta, defender la soberanía del territorio y sus recursos.
Durante la aprobación del decreto en 2022, los diputados y políticos a fines al Partido Libertad y Refundación (Libre) estimaron que la amnistía beneficiaría principalmente a la ciudadanía y víctimas de persecución política.
El militante de Libre, Gilberto Ríos, quien en agosto fue juramentado como director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), aseguró que la amnistía beneficiaría a 7,000 campesinos judicializados, 170 estudiantes, 72 sindicalistas, 32 profesores, 145 ambientalistas y más de 3,000 oponentes políticos.
Hasta la fecha, las autoridades no han dado a conocer datos sobre los procesos penales que se encuentran en extinción bajo esa legislación.
Entre los pocos casos que se han dado a conocer de personas que se acogieron a la amnistía política figuran varios exfuncionarios señalados por cometer actos de corrupción. Incluso, algunos se convirtieron en funcionarios del gobierno de Xiomara Castro.
El siguiente gráfico muestra algunas de las personas que se beneficiaron con la amnistía política.
Constitucionalidad de la ley
El pasado martes, por mayoría de votos, los magistrados de la CSJ declararon constitucional la Ley de Amnistía Política, decisión que ha generado opiniones encontradas.
La diputada por el Partido Nacional, María Antonieta Mejía, criticó que la normativa no ha beneficiado a los presos políticos, sino a los “corruptos de cuello blanco” y a los allegados de la familia Zelaya.
“Hemos visto cómo han perdido la vergüenza en el Partido de la Refundación. Ahora algunos diputados de Libre afirman querer reformar esto, sin embargo, lo hacen porque van cayendo en las encuestas”, expresó la parlamentaria.
Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) consideró la decisión de la corte como una muestra de la captura del Poder Judicial por intereses políticos, y que otorga una clara ventaja a los corruptos, generando impunidad y debilitando al sistema de justicia en Honduras.
El organismo anticorrupción estableció que la resolución de la CSJ no es más que un mecanismo para legalizar la corrupción en el país.
Agregó que la amnistía beneficia a exfuncionarios de la administración de Manuel Zelaya Rosales involucrados en actos de corrupción, quienes ahora quedan exentos de responsabilidad penal.
La titular del CNA, Gabriela Castellanos, indicó que la amnistía política “tiene sus propios jueces, sus propias leyes y sus propios corruptos. Así se construye el poder familiar en Honduras”, enfatizó.
Por su parte, la coordinadora del Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, dijo que la decisión de declarar constitucional el decreto de amnistía política fue en beneficio de proteger a las víctimas de la persecución durante el golpe de Estado de 2009.
“Lo que se determinó me parece que tomaron la decisión de proteger a las víctimas que fueron beneficiadas y las que están por beneficiarse”, declaró.
Oliva detalló que el Cofadeh ha emitido más de 40 certificaciones de amnistía a personas que fueron perseguidas y enjuiciadas por motivos políticos, pero se desconoce quiénes son.
