TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tras ser evaluados bajo una serie filtros que garanticen la mejor toma de decisiones, la Junta Nominadora entregó al Congreso Nacional la lista de los 45 nominados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el septenio 2023-2030. ¿Pero quiénes son y por qué se ganaron la postulación? El Heraldo estudió las hojas de vida de los profesionales del derecho.
Exmagistrados de la CSJ, fiscales, parientes de funcionarios del Estado y la mayoría con un recorrido largo en el Poder Judicial, son los personajes que destacan de entre la nómina de 23 mujeres y 22 hombres.
Hay casos concretos como el del abogado y actual fiscal adjunto de la República, Daniel Arturo Sibrián Bueno (de filiación liberal), quien cuenta con una larga trayectoria tras haber ostentado cargos relevantes como el de jefe de la División Legal del Ministerio Público. También fue secretario de la Sala de lo Penal, jefe de relatores de la Secretaría General y magistrado de la Sala Constitucional de ese poder en el período del 2009-2013.
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También quedó dentro de la nómina Ana Alejandrina Pineda Hernández, de filiación nacionalista, a quien siete puntos la separaron de obtener la calificación perfecta de 100% en la evaluación para convertirse en magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),
La profesional del derecho, oriunda de Santa Bárbara, tiene una amplia trayectoria en Derechos Humanos. Fue secretaria de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos Humanos, consultora de organismos internacionales, procuradora desde 1989 y fundadora de varios programas desde el Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) orientados a favor de la niñez y la mujer.
También fue secretaria de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
En materia legal fungió como jueza supernumeraria del Juzgado Juzgado de Letras Cuarto de lo Criminal de Tegucigalpa y jueza y titular del Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de la misma ciudad.
Sin embargo, mientras la jurista era titular en la Secretaría de DDHH, fue muy criticada por abanderar la Ley de Telecomunicaciones, denominada también “Ley Mordaza”, que tenía como objetivo crear una comisión reguladora de programación y un impuesto a los operadores de los servicios de radio y televisión.
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A la lista de los 45 elegidos se suma Juan Wilfredo Castellanos Hipp (Liberal), delegado Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en San Pedro Sula.
Asimismo, sobresale Walter Miranda Sabio, quien se convierte en el primer garífuna en aspirar al cargo de magistrado.
Entre los candidatos más fuertes a convertirse en uno de los 15 magistrados, según analistas y juristas, está Roy Pineda (de afiliación Libre), expresidente del Tribunal Superior de Cuentas, con 36 años de experiencia y quien ya fue magistrado de la CSJ del 2002 al 2006.
¿Hay nominados que tuvieron problemas con la justicia?
A Yuri Fernando Melara Berlioz la Embajada Americana le retiró su visa el 7 de diciembre de 2004 por supuestos vínculos con casos de corrupción. No obstante, tiene un amplio recorrido como jurista, fue exfiscal adjunto del Ministerio Público, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras y tiene dos décadas trabajando en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El abogado Milton Danilo Jiménez Puerto (Libre) también fue salpicado con problemas relacionados con la justicia. Todo ocurrió mientras era canciller en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Fue detenido por supuestamente estar en estado de ebriedad y golpear a un policía de Miami, además, nuevamente fue aprehendido el 20 de julio de 2012 por portación ilegal de armas.
Nominados a la CSJ con parentesco
Tirza del Carmen, exmagistrada de la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, es hermana del actual asesor presidencial Enrique Flores Lanza. En los 45 nominados también figura su esposa, Sonia Marlina Dubón Villeda (Libre), quien ya fue magistrada de la Corte, desempeñándose en la Sala de lo Constitucional, entre el 2002 y 2009.
Por su parte, Daniel Arturo Sibrián es el actual fiscal adjunto y es hermano de Francisco Sibrián Bueso, quien fue diputado suplente y coordinador de la Oficina Normativa de Compras del Estado (ONCAE), dependiente del Ministerio de la Presidencia a cargo de Yani Rosenthal en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Su abuelo, Romualdo Bueso Peñalva, fue asambleísta constituyente en 1981 y ministro de Gobernación en el gobierno liberal de José Simón Azcona. Por su parte, su tío, Romualdo Bueso Melghem, fue diputado del Congreso Nacional (2006-2009), con el cargo de vicepresidente de la Comisión de Etnias y que fue señalado por tratar de estrangular a una periodista indígena. Su otro hermano, Alejandro José Sibrián Bueso ocupó un cargo consular en Washington, Estados Unidos.
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