TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público presentó este jueves un requerimiento fiscal contra nueve personas que estuvieron detrás de la millonaria compra de suministros que supuestamente se iban a utilizar en unos talleres del centro regional del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en Catacamas, Olancho.
El documento señala a cinco exempleados del Infop, incluyendo su director en aquel entonces (David Chávez), un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un empleado del Congreso Nacional. Además del representante legal de la empresa y una persona más.
En el escrito presentado se detalló que el requerimiento se presenta por los “delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios, causando con ello un perjuicio al Estado de Honduras por un monto aproximado de 75, 937, 529.67 millones de lempiras por la compra de suministros que no prestaron ningún servicio a la población”.
Asimismo, se solicitó la orden de captura de todos los implicados, además de emitirse una alerta migratoria.
Los implicados en el caso señalados por la fiscalía son: David Chávez Madison, José Olivio Rodríguez, Ángel Armando Aguiriano, José Antonio Elvir, Otilia María Pinto, Mario Alejandro Calderón y Manuel Castillo, a este último se le supone autor directo de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
De igual forma, se presentó el requerimiento en contra de Óscar Antonio Castro Nazar, representante legal de la empresa Grupo Visión S. de R.L. de C.V. y contra Karl Heinz Kranich, ambos a título de cómplices del delito de fraude en contra del Estado de Honduras y del Infop.
Denuncia del CNA
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció en 2016 la supuesta sobrevaloración de equipos por parte de exfuncionarios del Infop, cuando el exdiputado nacionalista, David Chávez, que actualmente está prófugo de la justicia, era director.
Según la denuncia, las irregularidades se cometieron entre 2012 y 2013 (gestión de Chávez) y que está relacionado con la adjudicación de un contrato de suministros para el abastecimiento de tres laboratorios en el centro regional de Catacamas, Olancho.
José Rodríguez, era un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en ese momento, además ostentó el cargo de secretario general del Infop entre 2010 y 2014. También se mencionó a Mario Calderón, quien era el Jefe de Personal del Congreso Nacional.
El CNA denunció que las compras estaban destinadas a laboratorios de Electrónica, Mecatrónica, Automotriz, Refrigeración, Aire Acondicionado, talleres móviles de Electricidad y Domótica, entre otros.
El requerimiento fue presentado por la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública.
Cabe mencionar que el fiscal general interino, Johel Zelaya, confirmó que la orden de captura emitida contra el presidente del Partido Nacional es por los delitos de fraude y no una persecución política. “Sencillamente, esos expedientes ya están, nosotros no tenemos por qué perseguir a nadie políticamente”, sostuvo el funcionario.
