Hace un año, entre discrepancias de los diversos sectores políticos del país, asumieron con una serie de retos por delante los nuevos magistrados del Poder Judicial de Honduras.
Fue una elección inédita y única a lo largo de la historia de Honduras y en una sexta votación el Congreso Nacional escogió finalmente a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presididos por Rolando Argueta Pérez.
En un año de funciones, el pleno del Poder Judicial ha tomado determinaciones con el fin de ordenar la casa de la justicia del país. Para algunos hay logros y oportunidades que deben todavía manifestarse en el Poder Judicial.
Una de los principales determinaciones fue la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura de la Carrera Judicial.
Los actos de corrupción en este ente estaban a la orden del día. El pago irregular de viáticos, horas extras, nombramientos de familiares y hasta tráfico de influencias fueron algunos de los actos que cometieron quienes dirigieron el Consejo y que aún se encuentran en la impunidad.
Recientemente, el Poder Judicial conformó el Consejo de la Carrera Judicial que asumió la responsabilidad de regir las riendas de la administración de personal de este poder del Estado.
Otro de los principales logros, y quizá el más importante, es la conformación de los nuevos juzgados en materia de corrupción y extorsión.
“La conformación de estos dos juzgados es una señal clara que el Poder Judicial quiere combatir la corrupción”, aseguró José María Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Honduras.
Pero hay quienes piensan que la conformación de estos dos órganos jurisdiccionales no es un logro de esta administración judicial sino de una necesidad de la población.
“Eso era una deuda del Poder Judicial, por el convenio de la Maccih fue que se establecieron estos nuevos juzgados”, dijo Wendy Rivera, expresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, destacó la implementación del Plan de Erradicación de la Mora Judicial.
“Hemos avanzando ostensiblemente en la reducción de la mora judicial que encontramos en las diversas salas de la Corte Suprema de Justicia, con especial énfasis la Sala de lo Constitucional”, manifestó Argueta.
Destacó que se ha avanzado en el fortalecimiento de la Defensa Pública y de la Inspectoría de Tribunales.
Mientras que en la parte administrativa del Poder Judicial se ha logrado ahorrar por concepto de viáticos, horas extras y pasajes cerca de 35 millones de lempiras.
Esta Corte Suprema de Justicia entrará en la historia del país por haber dado el visto bueno para que el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, aspire a la reelección presidencial.
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Retos
El Poder Judicial tiene grandes retos enfrente. Uno de ellos es la creación de la nueva Ley del Consejo de la Judicatura.
“Ellos derogaron la Ley del Consejo de la Judicatura anterior porque violentaba algunos preceptos constitucionales, pero después de un año no han procedido a elaborar el nuevo proyecto de la Ley”, señaló el juez de sentencia Mario Díaz.
Otro de los grandes retos es definir la situación de los exmiembros del desaparecido Consejo de la Judicatura, “y deducirle la responsabilidad en el caso de que haya de acuerdo a los informes que presentaron las mesas técnicas de verificación”, dijo.
Asimismo, cumplir a cabalidad la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la separación de jueces en el año 2010. El proceso de certificación de jueces y magistrados constituye uno de los mayores desafíos del Poder Judicial.
Al menos 5,100 empleados de este poder del Estado estarían siendo certificados y evaluados.
Nuevos órganos judiciales
La creación de nuevos Tribunales de Justicia es un gran reto que tiene por enfrente la nueva Corte Suprema de Justicia.
“Con el mismo personal que viene funcionando desde hace siete años, son los mismos los que están conociendo la nueva carga procesal y definitivamente está aumentado en todo el país”, dijo Díaz.
Abrir un nuevo Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional es otra meta que tiene que resolver el Poder Judicial.
“La Sala II con Jurisdicción Nacional está colapsada y no se permite nombrar una nueva sala por falta de presupuesto”, dijo Wendy Rivera.
Además, mejorar la seguridad de los jueces constituye una de los principales desafíos de Argueta, según explicó Díaz.
“Es un reto cómo brindar seguridad a los jueces, en las instalaciones, y la protección de algunos compañeros y compañeras que de una u otra manera por su responsabilidad tienen algunas dificultades de su seguridad”, dijo.
Y es que recientemente el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de 2,176 millones de lempiras para el año 2017. Esto representa un 2.3 por ciento del 3 por ciento que constitucionalmente le corresponde.
Es decir que actualmente la CSJ tiene un desfase de 641 millones de lempiras.
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