Tegucigalpa, Honduras.- El conflicto de interés en el que está enfrascado la ministra de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Rixi Moncada, entre su cargo y sus aspiraciones presidenciales, es cuestionado por diversos sectores de la sociedad civil.
Esta intrincada situación ha llevado a recomendarle que para evitar suspicacias y la pérdida de credibilidad de cara al proceso electoral primario, ella debe renunciar a su cargo de secretaria de Estado.
Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), es del criterio que “ya es oportuno, necesario y hasta lógico para que ella pueda desarrollar sus actividades partidarias sin mayor inconveniente, pensando en la carga que debe de tener un secretario de Estado en temas de defensa”.
La veedora social subraya que desde el punto de vista ciudadano es pertinente que Moncada “decida a qué va a renunciar en dado caso; si a la Secretaría de Defensa o a su candidatura presidencial para las elecciones primarias del partido Libertad y Refundación”.
El embrollo redunda por que son las Fuerzas Armadas las encargadas de velar que los procesos electorales se lleven a cabo bajo los parámetros normales, sin que se transgreda el normal funcionamiento de las mesas electorales.
El real conflicto de interés
“El problema radica principalmente en el tema del conflicto de interés, en donde de una u otra forma las Fuerzas Armadas juegan un rol importante en la movilización del material electoral”, señala Juan Carlos Aguilar, miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Misma postura sostiene Elvir, al aseverar que “precisamente para que no exista ningún tipo de conflicto de interés entre su labor como secretaria de Defensa y como candidata presidencial; pero sobre todo pensando que las Fuerzas Armadas se ponen a la orden del Consejo Nacional Electoral como defensores y custodios electorales al final del caso”.
La Ley Electoral manda a que los aspirantes a la presidencia de la República, que son altos funcionarios, renuncien a su cargo seis meses antes de las elecciones generales, o sea, en este caso sería el 30 de mayo.
Sin embargo, los consultados por EL HERALDO consideran que sería prudente al finalizar el 2024, para comenzar el 2025 sin esas ataduras y conflictos de interés y que hallan elecciones limpias.
