Tegucigalpa, Honduras.- El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA), Roosevelt Hernández, ordenó el desarme de las promoción 28, 29 y 30, pidiendo a los oficiales entregar sus armas de reglamento (pistola y carabina) al Comando de Apoyo Logístico (CAL).
Sin embargo, esta decisión genera suspicacias, ya que la promoción 27, de la que Hernández es parte, no fue incluida en la orden, lo que despierta las dudas sobre las razones detrás de la medida.
El general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, destacó que la determinación del jefe de las FF AA de excluirse y su unidad militar, la 27, sí genera "suspicacia".
"Una disposición de esta naturaleza crea suspicacia, especialmente porque la promoción 27 no está en la lista. Si se va a hacer un proceso de revisión y verificación de las armas, todos los oficiales deben pasar por el mismo filtro", apuntó el exjerarca.
Añadió que "esta medida podría tener implicaciones a largo plazo, ya que algunas promociones, como la número 30, aún tienen varios años de servicio por delante. La decisión, si no se maneja correctamente, podría generar conflictos internos".
En cuanto al desarme, Maldonado explicó que la retirada de armas a oficiales en cargos administrativos podría interpretarse como un intento de reasignar las armas a oficiales con funciones operacionales, quienes acaban de ser evaluados en las academias militares.
"Es un procedimiento normal en términos logísticos, pero el contexto político actual ha dado una lectura diferente a esta medida", indicó.
El militar también señaló que esta medida podría tener efectos a largo plazo, en especial debido a que algunas promociones, como la 30, todavía tienen varios años de servicio.
El general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, también reaccionó ante la orden de desarme.
En un video publicado en su cuenta oficial de "X", Vásquez pidió al general Hernández “pararse como hombre y respetar la Constitución", además de "respetar a las Fuerzas Armadas”.
“Me siento desmoralizado al ver el comportamiento del general Roosevelt Hernández. Este señor, como que se ha vendido, está actuando como un político. La patria necesita a sus buenos soldados”, lamentó el militar que está prófugo de la justicia.
En el mensaje, Romeo instó a no permitir que la política interfiera con la institución y expresó su apoyo a los soldados reservistas y de élite.
“Las Fuerzas Armadas son del pueblo, no de un grupo de corruptos políticos. Saludos a los reservistas, de salud cordial, porque sé que no han estado apoyando. Me han mandado la lista de mensajes que me mandan ustedes. Lo mismo que saludo, saludo a los soldados que están en los batallones, a las unidades élites, que son especiales para cuidar nuestra soberanía, que son especiales para cuidar nuestra democracia”, afirmó.
Vásquez, quien está involucrado en un proceso judicial relacionado con el golpe de Estado de 2009, recordó: "Así me pasó a mí en el 2009. Tuve que ponerme bien los pantalones y decirles a los políticos que ya basta. No se pueden llevar al país de encuentro, la patria no es de ellos".
También le dejó un mensaje al expresidente de aquel entonces, José Manuel "Mel" Zelaya. Romeo asestó: "Manuel Zelaya tiene destruido el país desde hace varios años y sigue con su misma tontera. No se conforma con estar en el poder y haber estado de presidente de la república, sino que él quiere llevarnos a una dictadura tipo Venezuela".
En cuanto al desarme, el general Roosevelt Hernández defendió su decisión, afirmando que la notificación era real, pero que tenía “otro espíritu, otro propósito, no el que se ha interpretado”.
Según Hernández, la medida busca reasignar las armas a oficiales que ocupan cargos operacionales, en lugar de aquellos que desempeñan funciones administrativas.
Destacó que la decisión no tiene la intención de causar un conflicto o insubordinación dentro de las Fuerzas Armadas, como algunos personajes políticos sugieren.
El proceso de desarme, aunque respaldado legalmente, aún es motivo de debate sobre el futuro de las FF AA. La exclusión de la brigada 27 y la retirada de las armas a oficiales en cargos administrativos plantean interrogantes sobre la estructura interna de la institución, especialmente en un momento de tensión política y judicial que afecta a varios de sus miembros.
