TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, consumó un zarpazo a la institucionalidad y la democracia al otorgar la titularidad de la Sala Constitucional al magistrado de corte liberal, Wagner Vallecillo, irrespetando el orden de precedencia establecido en el reglamento interno de ese poder del Estado.
De acuerdo a la normativa, corresponde al magistrado Luis Fernando Padilla, de afinidad nacionalista, asumir la presidencia de la Sala Constitucional a partir del 17 de febrero de 2024.
La determinación de Ráquel Obando fue rechazada por el propio magistrado Wagner Vallecillo, quién debe ejercer la titularidad de la Sala hasta en 2025.
Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil y la oposición política, cuestionaron y calificaron como un golpe a la democracia las decisiones s de Obando.
El Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), calificó la determinación como “un golpe más a la democracia de nuestro país, no permitiremos que sigan con sus ilegalidades pretendiendo quedarse en el poder. ¡El pueblo no los soporta más! Tomaremos acciones”.
La diputada nacionalista, Merary Díaz, manifestó: “Zarpazo en la Corte Suprema de Justicia, la Presidenta de la Corte Rebeca Raquel demuestra que solo obedece a los intereses de Xiomara Castro y Manuel Zelaya y no los del pueblo, eso que lo prometió ante la Constitución. Hoy saca las uñas para dar a conocer de qué lado está. El gobierno saldrá con cortinas de humo para tratar de pasar desapercibido el golpe a la Sala Constitucional”
Mientras que el representante de la sociedad civil, Rafael Jérez, advirtió que “todos aquellos magistrados de la CSJ que se presten a directrices políticas, de cualquier partido, hoy podrán sentir protección política, pero eventualmente van a salir del cargo, y lo harán con todo el desprestigio que viene consigo de ser nada más que un instrumento”
Cambios
Los magistrados afines al Partido Nacional habían denunciado la intención de Libre de reformar el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y al no lograr el cometido, Ráquel Obando optó por la imposición de Vallecillo, a quien le tocaba la presidencia hasta el 2025.
Además se anunció la rotación en la Sala Civil pero no a la magistrada Rubenia Galeano, a quien le correspondía, sino que a la magistrada nacionalista Gaudy Bustillo.
En la Sala Laboral, la presidencia fue asignada a la magistrada nacionalista Anny Ochoa y la Sala Penal al magistrado Nelson Mairena.
Se conoció que tanto Anny Ochoa como Gaudy rechazarán la nominación.
Presidenta de la Corte había prometido respetar la ley
La rotación en la presidencia de la Sala Constitucional y la coordinación de las otras salas es un mecanismo establecido que busca garantizar la transparencia y la imparcialidad en las decisiones judiciales.
Con su intervención, Ráquel Obando busca disipar cualquier tipo de duda sobre posibles modificaciones en el reglamento interno que pudieran poner en peligro la independencia del Poder Judicial.
Por consiguiente, la presidenta de la CSJ garantizó que desde su posición que se garantizará un estricto cumplimiento a la Constitución de la República y de todas las normativas que rigen al Poder Judicial.
“Tengan certeza que desde esta presidencia del Poder Judicial respetaremos y velaremos por el irrestricto cumplimiento a la Constitución de la República, sus leyes, reglamentos y demás normativa aplicable”, puntualizó Ráquel Obando.
La jugada reformista
Para evitar que el magistrado Luis Padilla tome el cargo de presidente de la Sala Constitucional -establecido en el orden de precedencia al momento de ser electo por el Congreso Nacional- tendrían que reformar el artículo 16 del Reglamento Interior de la CSJ.
Según el abogado constitucionalista Oliver Erazo, “podrían hacer una reforma, pero la reforma sería aplicada no con efecto hacia atrás, por que la ley no tiene efecto retroactivo, ni el Reglamento tampoco; sería para las próximas rotaciones. Aun con una reforma no podría caber”.
De llegar a ocurrir un escenario distinto a lo que manda la ley actual, se vendría “un panorama de concentración de poder, es un jueguito de violaciones a la Constitución de la República desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo; lógicamente la ciudadanía quedaría impedida, vaticinó Erazo.
De acuerdo con lo denunciado por magistrados afines al Partido Nacional, a lo interno del Poder Judicial la intención de Libertad y Refundación (Libre) es procurar el nombramiento del magistrado Wagner Vallecillo como presidente de la Sala Constitucional, desplazando así a Luis Padilla. Según el orden de precedencia, a Vallecillo le toca hasta el próximo año.
¿Cuál es el objetivo?
Nelson Márquez, subjefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso, cree que la situación en el PJ no es una cosa aislada. “Va dentro de un paquete que está establecido por la agenda de la izquierda radical de Latinoamérica a través del Foro de Sao Paulo”.
El diputado es del criterio que los movimientos de Libre en los distintos poderes del Estado van orientados a continuar en el poder, principalmente el Ejecutivo, a cualquier costa y teniendo el control de la Sala Constitucional será un bastión fundamental para lograr ese cometido.
“De llegar a materializarse estaría pasando similar a lo que sucedió en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, que son parte de las prácticas que la izquierda recomienda para quedarse en el poder; sería nefasto”, señaló Márquez.
El embrollo no ha pasado desapercibido por la diplomacia internacional radicada en Honduras.
Sobre esta problemática, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, recomendó “obviamente hay muchos rumores de muchas cosas que están ocurriendo en Tegucigalpa, pero el enfoque de los Estados Unidos es en las instituciones del gobierno; es importante que cada institución esté trabajando según lo establece la ley”.
