TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bajo un fuerte operativo policial, el extraditable y exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza la mañana de este martes -9 de enero- hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el desarrollo de su audiencia de información.
Fuertemente resguardado por una caravana integrada por varios elementos policiales, Cosenza fue trasladado desde las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) hasta la sede del Poder Judicial, en donde esta citado a comparecer alrededor de las 8:00 AM.
En la audiencia de este martes, a el exfuncionario en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), se le leerán los cargos por los que se le imputan por el Distrito Sur de La Florida, EUA.
A Cosenza se le acusa de delitos de conspiración para cometer lavado de activos, lavado de activos y transacciones derivados de actos criminales.
Cosenza fue capturado, pese a asegurar que se entregarán
Francisco Roberto Cosenza fue pedido en extradición por Estados Unidos el 14 de diciembre de 2023, donde aseguró que se entregaría de manera voluntaria.
Sin embargo, fue capturado por agentes policiales en su casa de habitación durante un operativo llevado a cabo ayer lunes -9 de enero-.
El exfuncionario en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, a la espera de su juicio por narcotráfico en Nueva York, habría cometido estos ilícitos entre 2015 y 2020.
Investigaciones de la Fiscalía
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Cosenza habría recibido sobornos para otorgar contratos para la elaboración de uniformes policiales a un empresario estadounidense.
Los otros acusados en la trama son Carl Alan Zaglin, de 68 años y propietario de una fábrica de uniformes y accesorios policiales con sede en Georgia, y Aldo Néstor Marchena, de 50 años y residente de Boca Ratón, Florida.
“Entre marzo de 2015 y aproximadamente noviembre de 2019, Zaglin, Marchena y otros supuestamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno hondureño, incluido Cosenza, para obtener contratos con la Tasa de Seguridad Poblacional por valor de más de $10 millones (casi 250 millones de lempiras al cambio actual)”, precisó la Fiscalía.
A cambio de los sobornos, Cosenza y otros funcionarios hondureños supuestamente ayudaron a Zaglin, Marchena y otros a “obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras y a asegurar el pago de los contratos”.
Para ocultar los pagos de las coimas, Zaglin, Marchena y Cosenza, con la complicidad de otras personas, lavaron las ganancias a través de cuentas bancarias y empresas fachada en Estados Unidos y Belice.
Según la acusación, los conspiradores enviaron más de $ 166,000 (L 4.1 millones) a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño para promover el plan.
