TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La vigencia de la Ley del Fondo Departamental y de las reformas al Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley Especial contra el Lavado de Activos, son los obstáculos que tiene la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) para el combate de ese flagelo.
De acuerdo con las autoridades de la Uferco, mientras en el Congreso Nacional se continúe posponiendo la derogación de los decretos 116-2019, 57-2020 (Código Procesal Penal), 93-2021 (Código Penal y reformas a la ley de Lavado de Activos) y sin la asignación de personal, la tarea de combatir la corrupción “no se podrá cumplir” .
El primer decreto se refiere a la Ley del Fondo Departamental, cuyo obstáculo para la Uferco es que debe existir una investigación previa del Tribunal Superior de Cuentas para la respectiva judicialización.
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El segundo decreto es la interpretación de los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal, que impiden a los fiscales decomisar documentos sin la previa autorización de un juez.
Y el tercero es la reforma a la Ley de Lavado de Activos, que establece que debe existir un delito precedente para que se interpongan las acusaciones y la eliminación de figuras delictivas en el Código Penal.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmó que para la derogación de estas leyes se necesita mayoría calificada, es decir, 86 votos.
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“Solo faltan tres, por lo que una vez que se tenga el respaldo requerido, el Congreso Nacional procederá con la derogación de los tres decretos”, dijo.
La madrugada del viernes 27 de mayo, el Congreso aprobó un decreto que le otorga independencia a la Uferco, que sigue siendo cuestionado por diversos sectores sociales y estudiosos de la Constitución de la República.
“Hay que decir que es inconstitucional, hay una trampa totalmente en el tema político cuando se señala que una unidad del Ministerio Público puede gozar de esa independencia temporal”, reprochó Gabriela Castellanos, directora del CNA.
“También hay que decir que es un error terrible cuando hay cosas de derecho y ahora las están haciendo de hecho, ese decreto no tiene razón de ser”, cuestionó.
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