Tegucigalpa, Honduras
Una nueva crisis ha surgido en el Poder Judicial, luego de que la inspectora general adjunta de Órganos Judiciales, Marlene Suyapa Pérez Valle, denunciara una serie de supuestas irregularidades que salpican a altos funcionarios de ese poder del Estado.
La inspectora alega que fue despedida injustamente de su cargo por investigar actos de corrupción cometidos presuntamente por el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla.
“Querían hacer un acuerdo político para ayudar a Teodoro Bonilla, querían arreglarle, no sé mediante qué mecanismo, grabándole la pena, quitándole un delito en el proceso actual que tiene”, manifestó.
Según la togada, en el mes de marzo se abrió una investigación producto de una denuncia anónima contra el exfuncionario judicial, que posteriormente fue remitida al Ministerio Público para emitir los respectivos requerimientos fiscales.
“Los resultados de esa investigación dan escalofríos”, dijo.
El expediente 0801-2016-0021, que está en manos del Ministerio Público, arroja que el exconsejal contrató a varios de sus familiares en la zona sur del país.
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“El papá de él aparece como vigilante en los juzgados, y nadie lo conoce, el hermano que es taxista solo llega a marcar tarjeta”, expresó.
Señalamientos
Asimismo, la funcionaria judicial arremetió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.
“Es un irrespetuoso de la ley, de forma arbitraria ha violentado todos mis derechos humanos, ha perturbado mi independencia en el alto cargo que ostento, que aunque a él no le guste fui electa por 94 votos del Congreso Nacional”, señaló.
También, denunció que un cuñado del presidente de la CSJ está traficando influencias en ese Poder del Estado.
En ese sentido, expresó que no acatará resoluciones ilegales, porque no está acostumbrada a recibir decisiones de esa naturaleza.
En entrevista con TN5, Teodoro Bonilla, desde su arresto domiciliario salió en su defensa y rechazó las acusaciones de Pérez. “Yo rechazo totalmente esas mentiras y considero en este caso a la abogada como una irresponsable y que está resentida solo porque ya no tiene el cargo de inspectora general adjunta”, expresó.
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Bonilla dijo que mientras fue funcionario del Poder Judicial defendió la independencia de los jueces y magistrados.
Sobre el cumplimiento de sus medidas sustitutivas, dijo que ha permanecido encerrado por nueve meses sin poder trabajar para proveer el alimento a sus hijos.
Comunicado
Por su parte, la CSJ rechazó mediante un comunicado las declaraciones vertidas por la servidora judicial porque “carecen de fundamento”.
“El presidente del Poder Judicial no tiene ningún interés de influenciar procesos judiciales de ninguna naturaleza ni de ningún imputado en particular”, aclara el documento.
Asimismo, expresa que con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura, el nombramiento de los titulares de la Inspectoría General de Tribunales es abarcado por dicho efecto.
Es decir, que el decreto de su nombramiento debe ser expulsado del ordenamiento jurídico, por carecer de sustento legal para ejercer una función como servidor del Estado.
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Por otra parte, la CSJ aclaró que la abogada Pérez Valle no ha sido despedida del Poder Judicial, puesto que puede volver a su cargo original, como magistrada de la Corte Segunda de Apelaciones en La Ceiba, Atlántida.
También instó a las entidades de investigación y hasta la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) a verificar las actuaciones de la presidencia y de toda la CSJ.
En el mes de marzo, el pleno de magistrados de la CSJ mediante un recurso declaró inconstitucional la Ley del Consejo de Judicatura y la Carrera Judicial.
En 2014 el Congreso Nacional eligió a los titulares de la Inspectoría General de Tribunales por un período indefinido. El abogado Juan Pablo Aguirre fue nombrado como inspector general, mientras que Marlene Pérez como adjunta.
