Tegucigalpa, Honduras.- “Justicia para el pueblo hondureño”, aseguró la presidenta Xiomara Castro, que fue la decisión del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al declarar inconstitucional la ley de la ZEDE en Honduras.
A través de su cuenta de X, la mandataria celebró y reconoció la patriótica decisión de los magistrados, pues los artículos que contienen la ley se vulneraba la soberanía de Honduras.
“Celebramos y reconocemos la patriótica, histórica, justa y legal decisión de la CSJ, que por mayoría de votos declaró inconstitucional el Decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las #ZEDES, por vulnerar artículos de nuestra soberanía. La justicia para el pueblo hondureño, es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía”, escribió en su cuenta de X.
Vulnerar artículos pétreos
El Poder Judicial resolvió declarar inconstitucional la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES).
La declaratoria, por mayoría de votos, es con efectos nulatorios por vulnerar artículos pétreos de la Carta Magna, amplió la Corte Suprema de Justicia, a través de un tuit.
Relaciones con Estados Unidos
Según la Zede Próspera, declararse inconstitucional la ley de las Zede podría dejar como consecuencias la cancelación de visas, suspensión de ayudas y hasta la interrupción de remesas.
Asimismo, aseguró que dañaría gravemente las relaciones con Estados Unidos y muchos otros países.
“Decenas de congresistas de ambos partidos en Estados Unidos ya han expresado su preocupación por la posible expropiación de inversiones en las ZEDE”, recordó ZEDE Próspera a través de un comunicado.
La organización internacional consideró que una determinación en contra de la ZEDE aparte de crear un clima de inseguridad para inversionistas, provocaría un “persecución” de los partidos de oposición por aprobar la ley en 2012.
Además, argumentaron que la iniciativa desde que está activa en el país ha creado más de 8,000 empleos ´bien remunerados’, lo que se traduce en $300 millones de dólares de inversión para el país.
“Un fallo de este tipo no solo crearía un clima de inseguridad e incertidumbre para inversionistas y empleados, sino que también abriría la puerta a una persecución generalizada de los partidos de oposición por el supuesto “delito” de votar a favor de una ley que ha creado más de 8,000 empleos bien remunerados en Honduras y ha atraído más de $300 millones en inversiones al país”, consideraron.
