Jonathan White, quien dirige las acciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos para reunir a los niños migrantes con sus padres, afirmó que retirar a los menores de las casas de 'patrocinadores' para reencontrarlos con sus progenitores 'podría revestir graves problemas de bienestar infantil'.
Aseguró que el gobierno debe enfocarse en los niños que tiene en custodia, no en los que fueron entregados a patrocinadores.
'Hacerlo desestabilizaría la continuidad de su actual ambiente hogareño y podría ser traumático para los menores', afirmó White en un documento presentado ante un tribunal el viernes en la noche, en el que mencionó sus años de labor con menores migrantes que llegaron solos y sus antecedentes como trabajador social.
El gobierno esbozó su postura en la respuesta que tuvo que dar, por orden judicial, al documento de un órgano de control gubernamental según el cual la cantidad de niños migrantes separados de sus familias quizá sea mayor a lo informado con anterioridad.
El gobierno no dio seguimiento adecuado a esos menores bajo su custodia antes de que un juez federal en San Diego le ordenara _en un fallo emitido en junio_ reencontrarlos con sus padres.
Se desconoce cuántas familias fueron separadas de acuerdo con una política de larga data que lo permite bajo ciertas circunstancias, entre ellas si uno de los padres enfrenta cargos penales graves, por el interés de salud y bienestar de un menor o por problemas médicos.
Ann Maxwell, inspectora general adjunta para evaluaciones del departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo el mes pasado que el número de menores separados es en realidad mayor a los 2,737 que el gobierno menciona en documentos judiciales. El informe del inspector general del departamento no contenía una cifra precisa, pero Maxwell informó que el personal considera que son miles.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) ha censurado la postura del gobierno. La ACLU pretende que la orden del juez federal Dana Sabraw se aplique a niños entregados a patrocinadores antes del fallo emitido el 26 de junio. Una audiencia está prevista para el 21 de febrero.
'La respuesta del gobierno de Trump es una alarmante admisión de que no puede encontrar con facilidad a miles de menores que quitó a sus padres, y ni siquiera considera que valga la pena ubicar a cada uno de ellos', declaró Lee Gelernt, el principal abogado de la ACLU.
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