Tegucigalpa, Honduras.- Una propuesta denominada Ley Dignidad, que se vende como una estrategia integral y sostenible para reformar las leyes migratorias de Estados Unidos, será impulsada por los congresistas republicanos durante el segundo mandato de Donald Trump.
La normativa, que ha permanecido engavetada desde 2023, promete abrir las puertas a la legalización y residencia permanente a 12 millones de inmigrantes latinos, entre ellos, miles de hondureños que entraron al territorio estadounidense hace cinco años.
La iniciativa abarca a 490,000 compatriotas que viven de forma ilegal, según los datos de la Cancillería, unos 578,680 hondureños beneficiados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Asimismo a más de 150,000 hondureños que están bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus hijos.
“La congresista María Salazar nos informó que esta ley será impulsada nuevamente en la nueva administración de Trump. Recientemente, cuando estuvimos en la clausura de las elecciones, dijo que con Trump se aprobaría la ley porque cuenta con su respaldo y del Congreso”, afirmó Juan Flores, presidente de la Asociación 15 de Septiembre.
El proyecto buscará detener la migración ilegal, proporcionar una solución digna para los indocumentados que viven en Estados Unidos y fortalecer la fuerza laboral para que la economía estadounidense sea competitiva y próspera.
Aunque la iniciativa parece estar alejada de las políticas antiinmigrantes de Trump, María Elvira Salazar consideró en sus redes sociales que Estados Unidos “necesita una reforma integral, que saque de las sombras a quienes están aquí y brinde oportunidades a quienes vienen a contribuir con el país”.
La propuesta dispondrá de “25 mil millones de dólares para asegurar la frontera sur de Estados Unidos; construir barreras físicas y desplegar la tecnología más actualizada en la frontera, y contratar a miles de nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, con la intención de detener a los criminales que cruzan la frontera ilegalmente”.
Para la abogada experta en temas migratorios, Marcela Caro, la Ley Dignidad es una herramienta que ayudará a legalizar a quienes tengan un historial limpio en EUA.
“Es un camino a la residencia, es la reforma migratoria que se necesita. Ya no se necesitará un TPS o un Parole. Todas las personas que no tienen antecedentes penales, que hayan pagado sus impuestos, van a poder aplicar a esta Ley Dignidad con una residencia permanente de manera inmediata una vez que se apruebe”, sostuvo Caro.
EL HERALDO consultó con autoridades del Gobierno de Honduras sobre esta ley y aunque aplaudieron la medida, pidieron cautela hasta que no sea un hecho.
“Si se llegara a concretar, sería un gran acontecimiento. La última vez que se hizo algo similar fue en la administración de Ronald Reagan en los años 80”, señaló Antonio García, vicecanciller de Honduras. Sin embargo, advirtió que “no hay que levantar expectativas antes de tiempo”.
En la misma línea que García, Wilson Paz, director del Instituto Nacional de Migración (INM), dijo que “a partir de los cambios que se realicen en el Legislativo y Ejecutivo de Estados Unidos, podremos emitir una opinión, pero hasta ahora es bien visto por los migrantes”.
Protege las solicitudes de asilo
La propuesta incluye la creación de instalaciones llamadas “campus humanitarios” para las personas que llegaron de manera irregular y estén solicitando asilo en la frontera de México y Estados Unidos.
Los migrantes permanecerán retenidos en estos centros hasta 60 días, con acceso a servicios alimenticios y de salud, según explicó recientemente la congresista demócrata Verónica Escobar.
Para ello proponen la construcción de cinco centros migratorios en América Latina para detener las caravanas de migrantes y evitar que las personas realicen el peligroso viaje terrestre hacia Estados Unidos.
Los centros prevén ofrecer servicios de preselección de asilo, reunificación infantil y asesoramiento laboral para determinar la elegibilidad para visas de trabajo.
Busca adoptar “medidas enérgicas contra el fraude en materia de asilo aumentando las penas para quienes hagan declaraciones falsas o proporcionen documentación falsa”.
Refuerza la seguridad
La legislación implementa “una estrategia de seguridad y desarrollo para abordar la inestabilidad en América Central. Esto ayudará a generar estabilidad y desarrollo económico en Guatemala, El Salvador y Honduras”.
Y pretende mantener el control de las autoridades sobre redes criminales transnacionales, contrabandistas, traficantes de personas, narcotraficantes y bandas como la MS-13 y la Pandilla 18.
Establece una nueva política de dos “strikes” para cualquier persona atrapada cruzando en un puerto que no sea de entrada, para garantizar que los solicitantes de asilo legítimos sean procesados adecuadamente.
Los migrantes de Honduras representan el primer país de origen de los solicitantes de asilo en Estados Unidos que esperan en Tijuana, la mayor ciudad en la frontera norte de México, adonde siguen llegando pese a la incertidumbre que desató la victoria de Trump.
¿Y las deportaciones?
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió durante la campaña que impulsará las deportaciones masivas de migrantes.
Para el analista Carlos Urbizo, Trump solamente utiliza un discurso agresivo porque en la historia se ha demostrado que son los demócratas los que más han deportado migrantes.
“Trump quiere atemorizar, pero los republicanos nunca deportan como los demócratas. No se quiere decir que no habrá deportaciones, pero no serán como las que Trump intenta infundir”, afirmó.
Consideró que “esta ley tiene futuro, ya que Donald Trump cuenta con todo el apoyo del Congreso, pues ha logrado la mayoría, incluso algunos demócratas también apoyan este proyecto”.
Datos del Instituto Nacional de Migración muestran que durante la administración de Trump (2016-2020) fueron deportados 95,639 hondureños, mientras que durante la gestión del presidente Joseph Biden (que concluye en enero) han sido deportados 113,122 compatriotas.
Para el activista Juan Flores, “esto genera incertidumbre, porque Trump ha expresado que deportará a los indocumentados, pero con esta ley no sabemos qué pasará”.
Para el analista Ricardo Puerta, “a Estados Unidos no le conviene deportar a esa gente porque afectaría a su economía y la mano de obra del extranjero es menos costosa”.
