TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La comunidad de migrantes hondureños que se quedó en Florida, Estados Unidos, está a la expectativa de lo que pueda suceder este sábado con la entrada en vigencia de la Ley SB 1718, más conocida como la “Ley de DeSantis”.
Esta norma establece que quien transporte a una persona indocumentada podría ser condenado a cinco años de prisión o pagar una multa de 5,000 dólares por cada indocumentado que lleve.
Asimismo, obliga a que las empresas con al menos 25 empleados a verificar el estado migratorio de cada uno de ellos en la base de datos federal denominada E-Verify y quienes incumplan serán sancionados.
También, se establece que cuando una persona con estatus de indocumentado en Estados Unido llegue en busca de atención médica a los hospitales afilados al programa Medicaid, obligatoriamente se le tendrá que preguntar su estatus legal en el país. No obstante, no se le puede negar la atención médica
Isaac Dubón, presidente de la Fundación D-19 Nueva Generación, declaró a EL HERALDO que esperan que la ley no sea demasiado restrictiva, pues hay congresistas que han retrocedido con sus posturas.
Indicó que una vez que entre en vigencia, como organizaciones comenzarán a interponer recursos de amparo y demandas ante los tribunales para que se detenga su aplicación.
Declaró que el viernes, antes de que entrara en vigencia, había mucha zozobra e incertidumbre de la comunidad hondureña, debido a que no saben qué pasará con ellos a partir de este día.
Indicó que hasta el 30 de junio muchas personas habían huido, esperaron hasta el último día para irse; otras se marcharon durante todo el mes, ante el miedo de ser detenidos y deportados.
La esperanza que tienen los que se quedaron es que esta legislación no sea muy dura, ya que algunos congresistas se han querido retractar, diciendo que la norma solo era para evitar que más migrantes llegaran a Florida.
La visión que ellos tienen como dirigentes es que la ley sea declarada sin lugar por un juez y si es aceptado el recurso es posible que se detenga la entrada en vigencia de la mismas, hasta que un juez decida si es constitucional o no.
La comunidad de hondureños desarrolló ayer varias acciones de protesta y vigilias en contra de esta ley, que les impide trabajar de forma pacífica en las diferentes actividades que realizan.
