<div id='DTElementID-8836306' class='WebText'><strong>Tegucigalpa, Honduras</strong><p style='margin-top: 5px;'>Una mansi&oacute;n en el sector de El Hatillo, una casa en la colonia Miraflores, otra en la colonia Los Ángeles, otra en la aldea Jacaleapa; un Toyota Prado color ocre con placas PP-06630 y un Geely color gris, con placas PDB-9135, fueron asegurados ayer por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal del Ministerio P&uacute;blico (MP).<p style='margin-top: 5px;'>La mansi&oacute;n asegurada en El Hatillo pertenece al empresario Benjam&iacute;n Bogr&aacute;n, quien se encuentra pr&oacute;fugo de la justicia, ya que el Ministerio P&uacute;blico lo se&ntilde;ala de haber recibido sobornos por ayudar a tramitar pagos para una de las empresas que saquearon al Instituto Hondure&ntilde;o de Seguridad Social (IHSS).<p style='margin-top: 5px;'>Las otras propiedades est&aacute;n a nombre de Juan Carlos Maradiaga Ortiz, tambi&eacute;n salpicado en el esc&aacute;ndalo del IHSS.<p style='margin-top: 5px;'>“El d&iacute;a de hoy (ayer) hemos hecho cuatro allanamientos, uno en la casa del se&ntilde;or Bogr&aacute;n en El Hatillo, encontr&aacute;ndose en la misma dos veh&iacute;culos, los cuales han sido decomisados, as&iacute; como el menaje de la casa que se va a solicitar tambi&eacute;n”, dijo Frank Galo, fiscal de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal.<p style='margin-top: 5px;'>“Cada una de estas (tres) casas son las que pertenecen a Juan Carlos Maradiaga Ortiz y no se encontr&oacute; nada. En la casa donde hab&iacute;an habitantes fue en la de Los Ángeles, pero tomaron la decisi&oacute;n de salir de la misma ya que, seg&uacute;n ellos, no quer&iacute;an tener problemas con la justicia”, manifest&oacute; el fiscal.<p style='margin-top: 5px;'>Record&oacute; que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) ya tom&oacute; posesi&oacute;n de los cuatro bienes que han sido asegurados.<p style='margin-top: 5px;'>En relaci&oacute;n con el valor econ&oacute;mico explic&oacute; que dichos bienes “tienen que ser evaluados posteriormente por la OABI, pues ellos son los encargados de decir cu&aacute;nto cuestan los bienes y despu&eacute;s nos pasan los datos al Ministerio P&uacute;blico”.<p style='margin-top: 5px;'><strong> Salpicados</strong><p style='margin-top: 5px;'>Galo explic&oacute; que tanto Benjam&iacute;n Bogr&aacute;n como Juan Carlos Maradiaga est&aacute;n involucrados en los actos de corrupci&oacute;n del Seguro Social.<p style='margin-top: 5px;'>En el caso de Bogr&aacute;n, habr&iacute;a recibido coimas por m&aacute;s de 697 mil d&oacute;lares, es decir unos 13 millones de lempiras, para beneficiar a la empresa Cosem.<p style='margin-top: 5px;'>En el caso de Juan Carlos Maradiaga, se le implica en contratos con el Seguro Social que fueron sobrevalorados.<p style='margin-top: 5px;'>El Ministerio P&uacute;blico los tiene acusados junto a Mario Zelaya Rojas, Jos&eacute; Ram&oacute;n Bertetty y Jos&eacute; Zelaya por los delitos de asociaci&oacute;n il&iacute;cita, lavado de activos, fraude y todav&iacute;a a una persona m&aacute;s por testaferrato, explic&oacute; Galo.<p style='margin-top: 5px;'><strong> Pr&oacute;fugo de la justicia</strong><p style='margin-top: 5px;'>El pasado 2 de julio, la Polic&iacute;a Internacional (Interpol) emiti&oacute; alerta roja en contra del empresario y pol&iacute;tico liberal Benjam&iacute;n Bogr&aacute;n.<p style='margin-top: 5px;'>El Ministerio P&uacute;blico present&oacute; en los tribunales de lo penal un requerimiento en contra del empresario a quien se le imputan delitos de cohecho y lavado de activos, por lo que en los Juzgados de lo Penal se libr&oacute; una orden de captura.<p style='margin-top: 5px;'>A pesar de que hace m&aacute;s de cinco meses que se emiti&oacute; la alerta roja, la Polic&iacute;a no ha logrado capturar a Bogr&aacute;n, por lo que est&aacute; catalogado como “pr&oacute;fugo de la justicia”.<p style='margin-top: 5px;'>Bogr&aacute;n estar&iacute;a siendo buscado en los 190 pa&iacute;ses que est&aacute;n adscritos a Interpol, por lo que en cualquier momento puede ser capturado y presentarlo ante la justicia para que responda por los delitos que se le imputan por parte de las autoridades</div>