Otras ignoraron o mostraron desconocimiento de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP) al no responder o contestar de forma imprecisa. Únicamente el Instituto Nacional de Migración contestó con precisión a la solicitud de información planteada.
De los 11,294,970 dólares incautados a la organización criminal de los Valle, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ordenó a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) trasladarle 309,001.18 dólares al Instituto Nacional de Migración; 704,359.86 a las Fuerzas Armadas; 5,000,000 al Instituto Nacional Penitenciario (INP); 1,129,497 al Ministerio Público y 629,970.41 dólares al proyecto Navidad Catracha.
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De igual forma, un monto de 473,613.60 dólares fueron trasladados a favor del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales del Poder Judicial y el proyecto Caprodem.
En total, mediante la resolución 120-2014 se repartieron 8,246,442.05 dólares y mediante la resolución 128-2014 se transfirieron 670,642.72 dólares a la Tasa de Seguridad. En total, el CNDS repartió 8,917,084 dólares del botín de los Valle, quedando un saldo de 2,377,885 dólares.
Respuestas
La OABI proporcionó los nombres de las instituciones beneficiadas, pero sin dar asignaciones de dinero. “Actualmente estos documentos tienen carácter reservado, puesto que la misma no se puede proporcionar cuando las personas enunciadas en dichos documentos aún tienen acciones judiciales en su contra, siendo también información personal sensible”.“Dichas transferencias fueron realizadas al amparo de resoluciones del órgano competente, mismas tienen carácter de secretividad”, justificó la OABI.
Entre tanto el Poder Judicial respondió: “Se nos ha informado por parte de la Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento que, según comunicación con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la resolución No. CNDS 120/2014 se encuentra clasificada como secreta de conformidad con la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, en virtud de lo cual limita a este Poder del Estado brindar tal información”.
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Caso INP
La respuesta del INP, al que se le entregaron 5,000,000 de dólares, fue más informal que las otras.
En este caso, la Oficial de Información Pública (OIP), Fany Durón, pidió al peticionario que le presente “el documento donde se ordena dicha transferencia por parte de la OABI”.
Primero, Durón escribió el mensaje: “Anteriormente la administración y dirección del sistema penitenciario estaba a cargo de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos” y adjuntó unos informes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que están en internet y dio como contestada la solicitud de información.
Ante la respuesta del solicitante de que la petición de información era precisa y la respuesta informal y carente del mínimo esfuerzo para cumplir con la Ley de Transparencia, la OIP sostuvo que “como instituto somos responsables de lo que publicamos y de la información que proporcionamos, la cual se entregada en los términos que tenemos disponibles como se encuentra establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y si bien es cierto que está publicada en sitios web, es debido a que se trata de información veraz, la cual no se esconde a ninguna persona y es de uso público tanto en la página del INP, redes sociales y sitios web por tratarse de una información autorizada y publicada por nuestros auditores enlaces del TSC en nuestra institución, entregadas en informes al TSC, de los cuales podemos darle copia de los documentos originales si es de su interés”.
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Durón prosiguió diciendo que “el INP mensualmente publica en las páginas de transparencia del portal único del IAIP toda la información referente a procesos de Planeación y Rendición de Cuentas, Finanzas y demás; tampoco y conforme a ley estamos en la obligación de dar respuesta a supuestos de los cuales no tenemos una consulta fundamentada con documentación soporte y es por este motivo y viendo que la información que solicita es antigua y que supuestamente se realizó en momentos que se realizaba transición de mandos entre la Secretaría de Seguridad a lo que ahora es el INP, le rogamos nos presente si está en su poder el documento donde se ordena dicha transferencia por parte de la OABI, o nos indique el portal donde encontrarlo”.
Ella fundamentó su alegato en artículos de la “Ley y Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también los aplicables de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional”.
Desconocimiento
De las seis entidades a las que se le solicitó información utilizando la Ley de Acceso a la Información Pública, Casa Presidencial fue la única que no respondió.Por otro lado, las Fuerzas Armadas mediante una certificación firmada por el coronel de aviación Ángel Leonel Laínez Santos respondió que el interesado en saber cómo las Fuerzas Armadas se gastaron los 704,359.86 del botín de los Valle que solicite copia “de la transferencia a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)”.
Que además “no se puede proporcionar copia de la documentación solicitada en vista que los mismos contienen datos personales confidenciales (nombres y números de series de oficiales)” y que solo se proporcionaría copia del resumen de actividades del programa Guardianes de la Patria.
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En el caso del Ministerio Público confirmó que recibió 1,129,497 dólares del dinero incautado a los Valle, pero no detalló cómo los gastó, enviando solamente un listado de diez actividades en que supuestamente usó el dinero.
Para el excomisionado nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares, la “ley de secretos” y el desconocimiento premeditado de la Ley de Transparencia afectan la lucha contra la corrupción.
Obstáculo
La “ley de secretos” se ha vuelto una coraza contra la transparencia y la rendición de cuentas, no solo con la administración y distribución de los bienes incautados y dados en comiso, sino también con el manejo de más de 25,000 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad.La secretividad utilizando la justificación de seguridad nacional es implementada por el CNDS, integrado por el presidente del Poder Ejecutivo, quien lo preside, los titulares de los poderes Judicial y Legislativo, así como por el fiscal general y los ministros de Defensa y de Seguridad.
En su resolución SE-001-2015 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) señala que la “ley de secretos” contiene disposiciones que contravienen la Constitución de la República, la Ley de Transparencia y otras leyes internas y convenios internacionales de los que Honduras es signataria. Además, señala que esta normativa convierte la seguridad nacional en un obstáculo insalvable para la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión pública.
El IAIP considera que se debe evitar el término “de seguridad nacional como un mecanismo para ocultar posibles actos ilegales o que redunden en un perjuicio para la sociedad hondureña”. Igual posición asumió la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) durante su gestión. Ambas entidades solicitaron al Congreso Nacional la derogación de esta normativa por considerarla generadora de corrupción e impunidad.
