OABI administra negocios, fincas, casas y vehículos de JOH y su familia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Vehículos, casas, hoteles, caballos y otros animales forman parte de los bienes asegurados e incautados al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y miembros de su familia por suponer que fueron adquiridos con dinero de operaciones ilícitas.

Hernández Alvarado fue sentenciado el miércoles 26 de junio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, a 45 años de prisión y cinco años de libertad supervisada por delitos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo a reportes del Ministerio Público (MP) de Honduras actualizados a marzo de 2024, unos 131 bienes considerados de origen ilícito habían sido asegurados al expresidente Hernández Alvarado, a su esposa Ana Rosalinda García Carías y a otras personas de su círculo cercano. En la actualidad están bajo el control de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Todo el proceso de incautaciones se hizo a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

Se trata de 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros, identificados por el MP en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira.

Además del exmandatario y su esposa, también se aseguraron bienes a su madre, María Elvira Alvarado Castillo; y sus hermanos, Hilda Rosario (fallecida), Aixa Marlene y Juan Antonio Hernández Alvarado. También figura su otro hermano José Amílcar Hernández Flores y otros parientes.

Los aseguramientos se realizaron luego de que un equipo de fiscales permaneciera durante 14 días en el desarrollo del juicio del expresidente Hernández Alvarado, que culminó con una declaratoria de culpabilidad por los tres cargos que enfrentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

Las operaciones realizadas por el MP para solicitar la extinción definitiva de bienes se basan en la relación del exmandatario con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transaccional financiera y de constitución de sociedades.

Marco Antonio Zelaya, titular de la OABI, declaró a EL HERALDO Plus, que el aseguramiento de gran parte de los bienes se ejecutó en el operativo “Indómito I”, cuando pasaron a disposición de la OABI al menos 12 bienes inmuebles.

En esos bienes se incluyen siete vehículos, caballos y otros animales, además de tres sociedades mercantiles ubicadas en Gracias, Lempira, y Tegucigalpa, Francisco Morazán.

En el segundo operativo, denominado “Indómito II”, se le incautaron otros 12 inmuebles y tres sociedades mercantiles, donde hay viviendas, negocios, fincas, que no solo pertenecen a él, sino a todo su núcleo familiar.

Explicó que hasta el momento solo esos bienes han sido puestos a disposición de la OABI, de los cuales el 90% están ubicados en el sector de Gracias, Lempira, y el resto en Tegucigalpa. No obstante, según comunicados del MP, la cantidad de bienes asegurados asciende a 131.

Referente al uso, gestión y administración de los bienes, Zelaya aseguró que “los estamos manejando, los estamos administrando, las personas que trabajaban en los negocios ahí están, a excepción del administrador que por disposición de la Ley lo tiene que poner la OABI”.

Sobre en qué momento esos bienes pasan a ser parte del Estado de Honduras, declaró que se tiene que dictar una sentencia firme y definitiva, emitida por el órgano jurisdiccional competente de Honduras.

Merece destacar que la sentencia dictada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el exmandatario no cuenta directamente en este caso, solo puede servir como ilustrativa para acreditar que fue vencido en juicio y condenado por crímenes relacionados al narcotráfico, según la Fiscalía de Nueva York, explicó el también abogado.

Los familiares del expresidente deben hacer una justificación y acreditar si los bienes fueron adquiridos lícitamente. De no probarlo, pasan a ser del Estado de Honduras, una vez se dicte la sentencia del juez correspondiente.

Zelaya no descartó que en los próximos meses le entreguen a la OABI más bienes de la familia Hernández, luego de las investigaciones que realizan las distintas fiscalías del MP en relación a este caso.

Sobre la multa de ocho millones de dólares que impuso el juez Kevin Castel en la sentencia en contra del Hernández Alvarado, Zelaya aseguró que eso no tiene incidencia en Honduras, solo aplica para bienes o dinero que pudiera tener el acusado en Estado Unidos y Estados asociados.

Por ejemplo, si Estados Unidos tiene convenios con otros Estados, donde puedan asegurar bienes o dinero procedente de actividades irregulares, como Puerto Rico, en ese país se pueden hacer aseguramientos.

En ese sentido los bienes que tenga el exmandatario y sus familiares en Honduras, no responden para completar el pago de la sanción económica impuesta por la Corte de Nueva York.