Ocho testimonios bastaron para que JOH fuera sentenciado a 45 años de cárcel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un total de ocho testigos fueron claves durante el juicio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) para que el 26 de junio de 2024 fuera sentenciado a 45 años de cárcel y cinco años de libertad supervisada.

Hernández fue sentenciado por tres delitos: conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos, usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego y, el último, conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos.

Para el jurado, que lo declaró culpable en completa unanimidad el pasado 8 de marzo de 2024, la defensa del expresidente fue incapaz de refutar las pruebas testimoniales y documentales presentadas por la Fiscalía en las audiencias que duraron 14 días.

Durante el juicio, el jurado estuvo completamente atento ante los testigos, muchos de ellos narcos confesos que entraron a la sala a mencionar sus vínculos o negocios con Juan Orlando o su hermano, Antonio “Tony” Hernández.

Uno de ellos fue Devis Leonel Rivera Maradiaga, más conocido como “El Cachiro”, miembro del clan “Los Cachiros”. En su testimonio confesó haber realizado pagos ilícitos al expresidente Juan Orlando.

Rivera Maradiaga aseguró haber sobornado a JOH en 2012 con un pago de 250 mil dólares que fue entregado a través de su hermana, la fallecida Hilda Hernández.

Fiscalía: ¿Con qué sobornaste a JOH? ¿Y cuándo?

Maradiaga: En 2012, con 250 mil dólares. Fue enviada a Tegucigalpa a su hermana Hilda.

Sucesivamente, otros testigos fueron subiendo al estrado para confesar sus crímenes y conspiraciones con el expresidente. Además, la Fiscalía presentó pruebas físicas, como las narcolibretas en las que aparecía el nombre de Hernández.

Otro de los testigos que subió al estrado fue Alexander Ardón Soriano, el exalcalde de El Paraíso, Copán, quien recibió su culpabilidad por los delitos de tráfico de drogas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

Alexander Ardón testificó que en 2013 Joaquín “El Chapo” Guzmán y Juan Antonio “Tony” Hernández se reunieron junto a otras personas en la aldea El Espíritu, en el departamento de Copán. Explicó que “El Chapo” le dijo que quería abrir nuevas rutas de la droga, a lo que “Tony” Hernández presuntamente le respondió que si su hermano ganaba la presidencia, tendrían asegurado que ni él ni sus aliados serían extraditados.

Asimismo, Alexander Ardón dijo que su hermano, Hugo Ardón (director del desaparecido Fondo Vial), era quien ayudaba con las drogas. La Fiscalía también presentó una fotografía de Hugo Ardón y Juan Orlando Hernández.

Al estrado también subió José Sánchez, excontador de Graneros Nacionales, en Choloma, Cortés, quien confesó que Fuad Jarufe, el extinto dueño de Graneros de Honduras, no solo le pagó sobornos para financiar la campaña política de Hernández, sino que también lo hizo con los expresidentes Manuel Zelaya y Porfirio Lobo Sosa.

Giovanni Rodríguez’, quien realmente era Mario Guillermo Mejía Vargas, un excomisario de la Policía Nacional, quien dijo estar involucrado en la muerte de Orlan Chávez, mejor conocido como el “fiscal de Oro”, a quien dos individuos le quitaron la vida mientras se transportaba en su vehículo en el año 2013.

Fabio Lobo, por su parte, no dudó en testificar contra Hernández y también contra su propio padre, Porfirio Lobo Sosa. “Estaban hablando de un avión que habían secuestrado, quién se haría cargo. JOH dijo que había ‘mercancía’ en el avión, y que los gastos deberían ser compartidos”, dijo Fabio Lobo sobre la reunión que tuvo con Hernández en un restaurante para que fuera él quien ayudara a recuperar el avión incautado.

Luis Pérez, quien en realidad es el narcotraficante colombiano, Alexander Monroy Murillo, también testificó contra Hernández. Aseguró que sirvió de enlace entre el Cartel de Sinaloa y políticos hondureños. Incluso, dijo que financió campañas de varios de ellos, quienes le ofrecieron seguridad en el paso de los cargamentos de narcóticos hacia Estados Unidos.

Sobre Juan Orlando Hernández, afirmó que entregó 2.4 millones de dólares para financiar su campaña.

Otro de los testigos fue Miguel Reynoso, un agente hondureño que conoció sobre las narcolibretas decomisadas a Nery Orlando López Sanabria; asimismo, Andrea Santos, expareja sentimental de Yulan Adonay Archaga Carías, alias “El Porky”, habló sobre unos audios del líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) que involucraban a Hernández.

A pesar de las pocas pruebas físicas que se presentaron durante el juicio, el jurado se fundó en las declaraciones de los ocho testigos confesos para concluir que Juan Orlando Hernández era culpable.

Para Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), los testigos tienen mucho impacto ante el jurado, pues en los Estados Unidos no necesitan pruebas

“Se puede condenar a una persona simplemente con las acusaciones de los testigos, la conspiración se trata de cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para violar una ley de los Estados Unidos y hacen un pacto para seguir adelante con la conspiración”, dijo.

Afirmó que una conspiración no implica que el acusado haya manipulado la droga o transportarla con sus propias manos, pero sí mostrando participación en el proceso

El experto en derecho penal, Marlon Duarte, también explicó a EL HERALDO Plus que “en Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, existe el hecho de que no necesita evidencia para poder condenar a una persona, basta con las declaraciones de testigos, en todo caso para poder acusar a una persona”, enfatizó.

Duarte explicó que con esta ley no se necesitaría ningún material de evidencia, ya que establece que “el hecho de que haya un acuerdo y que una de las personas involucradas haya fomentado la confabulación es suficiente para los cargos de conspiración”.

El experto explicó que para condenar a alguien por una conspiración de drogas solo se debe demostrar que hubo un acuerdo entre dos o más personas para violar una ley federal de drogas y que cada conspirador sabía el acuerdo ilegal, pero aun así voluntariamente decidió unirse a él.

Durante el juicio, el abogado de la defensa intentó desacreditar a los testigos, alegando que sus testimonios eran inconsistentes y motivados por reducir sus propias sentencias. Sin embargo, estos argumentos no convencieron al jurado que decidió basar su veredicto en la gravedad de las acusaciones dictadas con los testimonios.