Narcos mataron, traficaron, sobornaron y lavaron dinero con ayuda del Estado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los narcos confesaron cómo cometieron homicidios, atentados, torturas, lavado de activos, sobornos, asociación ilícita, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y drogas, portación ilegal de armas, uso de armas prohibidas y hasta delitos electorales.

Todo este rosario de delitos los cometieron con la venía de funcionarios públicos a cambio de sobornos, asegurándose así que la justicia de Honduras nunca los alcanzara.

En el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha quedado evidenciado cómo los criminales, protegidos por las autoridades, hacían todo lo que querían arropados por un manto asqueroso de impunidad.

José Sánchez, alias “El Contador”, fue el primer testigo presentado por la Fiscalía, asegurando que el narcotraficante Geovanny Fuentes entregó miles de dólares y lempiras a tres expresidentes a cambio de protección, además sobornó a jueces para que limpiaran sus expedientes delictivos.

Otro de los poderosos narcotraficantes hondureños, Alexander Ardón, conocido también como “Chande” Ardón, confesó haber pagado millonarios sobornos a Hernández y utilizar armas prohibidas, tipo bazooka (bazucas), para hacer estallar vehículos blindados y fusiles M-16 y AK-47.

Ardón aseguró que la misma autoridad policial le brindaba protección a los cargamentos de cocaína que pasaban por Honduras hacia México, donde la esperaba el Cartel de Sinaloa.

Pero las fechorías iban más allá, porque también se cometieron delitos electorales. “Gané con fraude, soborné a la gente para que votara por mí, y también a la gente que trabaja en la mesa, a los que anotan los votos”, confesó Ardón, al evidenciar cómo llegó a ser alcalde de El Paraíso, Copán.

“Ellos llenarían boletas vacías a mi nombre para que yo ganara. Usé dinero de la droga para sobornos”, continuó diciendo en su testimonio en el juicio de Hernández.

El abogado penalista Germán Licona, analizó en entrevista con EL HERALDO, que son un rosario de delitos que han sido confesados en el juicio de Hernández, que van desde narcotráfico, asesinatos homicidios, lavado de activos, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y hasta traición a la patria, al proporcionar información de seguridad nacional a grupos criminales.

Cuando “El Contador” dijo que los agentes policiales le entregaron uniformes de la Policía Nacional se cometieron delitos como: usurpación de uniformes policiales y militares, usurpación de placas policiales y quien se los dio, cometió el delito de sustracción.

Además, se suman los sobornos, cohecho activo y cohecho pasivo; es todo un rosario de delitos a los que la justicia no ha llegado. Además, si hay expedientes están escondidos y si no hay tienen que armarlos.

Corresponde a las nuevas autoridades comenzar a investigar, pero el problema es que los mismos políticos protegieron a los narcos y se protegieron ellos con las reformas al Código Penal, ya que muchos no irían presos, sino que solo recibirán inhabilitación especial en el caso de abuso de autoridad, lamentó el abogado.

Cuestionó que pareciera que fue premeditado, porque antes el delito de abuso de autoridad tenía una pena de tres a seis años de prisión y en el nuevo Código Penal le pusieron de tres a seis años de inhabilitación especial.

En su testimonio y sin ningún remordimiento, Ardón afirmó que fue el autor intelectual y en algunos casos material de 56 muertes, y estuvo en la planificación para quitarle la vida a Alfredo Landaverde y a Julián Arístides González, conocido como el “zar antidrogas”.

Para Licona, el Ministerio Público (MP) puede preparar las acusaciones porque en todos los delitos hubo actores materiales e intelectuales, abuso de autoridad, complicidad e incumplimiento, es decir, desde el que miró y calló, o que le dieron una orden ilegal y la hizo, esos cometieron un delito.

En el testimonio del narcotraficante identificado como Luis Pérez, cuyo nombre real es Alexander Monroy Murillo, se reveló que pagó sobornos, que usó identidad falsa cuando vivía en Honduras y que utilizó aeronaves, lanchas rápidas y puertos para pasar droga con apoyo de las autoridades hondureñas.

Según el abogado penalista, aquellas personas que vieron que apagaron los radares en los cuales se identificaban aeronaves sospechosas de transportar droga, o que el jefe dio la orden y no lo reportó, es cómplice o encubridor.

Otro de los informantes de la DEA y que siempre que declara da escalofriantes datos, es el narco hondureño Devis Leonel Rivera Maradiaga, conocido como “El Cachiro”, quien volvió a revelar una serie de delitos que cometía en complicidad con las autoridades.

Dijo que asesinó a 78 personas y que unas 15 más quedaron heridas, realizando también una serie de torturas en el territorio nacional. Entre las víctimas estuvieron su cuñada, una niña, periodistas y otros individuos ligados al narcotráfico.

Confesó que “Los Cachiros” también utilizaron las instituciones del Estado para lavar dinero, ya que crearon la empresa Inrimar para obtener contratos de infraestructura y así lavar los dólares que percibían del narcotráfico.

Licona indicó que a pesar de que el expresidente Porfirio Lobo Sosa asegura que la empresa de “Los Cachiros” fue evaluada y avalada por el mismos Estado, esas instituciones también eran parte del Estado.

Giovanni Rodríguez, quien realmente es el exagente de Policía, Guillermo Mejía Vargas, confesó en su declaración que ordenó la muerte del fiscal del Ministerio Público, Orlan Chávez, quien luchó contra la narcoactividad en Honduras.

Pero en todos estos delitos la misma Fiscalía tiene culpa y debe comenzar a realizar requerimientos a los mismos fiscales por incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, porque callaron, recomendó el togado.

La evidencia es que las instituciones estatales estuvieron al servicio del presidente Hernández -acusado de narcotráfico en Estados Unidos- y los informes de todo lo que ocurría en el país le llegaban al mandatario a las 5:00 de la mañana todos los días, y todo ello debe abarcar la investigación, consideró.

El encargado de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, declaró que alrededor de, los delitos por los que se le acusan al expresidente Hernández, han aparecido otra gran cantidad de crímenes que deber ser castigados en Honduras.

Se han revelado delitos que van desde homicidios, conspiraciones, tráfico de influencias, sobornos, entre otros y algunas con mucha gravedad.

Por ejemplo, hay personas que han admitido ser actores intelectuales y materiales del asesinato de una gran cantidad de personas, incluso de funcionarios públicos que cumplían con su trabajo de investigarlos.

Esto significa que muchos de estos delitos se cometieron en los últimos diez años y que estas personas actuaron de manera impune y con mucha libertad, porque las autoridades encargadas de aplicar justicia, por un lado, no cumplieron su trabajo o también se coludieron para que actuara de manera galopante el crimen organizado.

Sierra concientizó en que se debe considerar el nivel de gravedad de estas acciones, porque estas personas actuaban con la protección de instituciones públicas que tenían que garantizar la seguridad y la justicia en el país.

“Ahí se mencionaron vinculaciones de los más altos mandos de la Policía Nacional, militares, fiscales, operadores de justicia, políticos activos, presidentes, diputados y ministros, eso es grave”, dijo.

Lo anterior quiere decir que el crimen organizado actuó con conocimiento y con la permisividad de quienes los tenían que combatir, señaló.

Para el caso, mucho diputados del Congreso Nacional han sido vinculados con narcotraficantes, lo que coincide con que en esas mismas fechas y años se hicieron reformas de ley que tenían que ver con el Código Penal, ironizó.

Se cambió una serie de leyes, incluyendo la de lavado de activos y la de percepción de delitos internacionales, por eso no se puede desvincular mucho el actuar de los diputados, ya sea por presión o por vinculación del crimen organizado, puntualizó.