Fiscalía de Estados Unidos solicitará la pena máxima contra Juan Orlando Hernández

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Al tratarse de la pieza más importante de una gran conspiración de tráfico de cocaína, la Fiscalía de Estados Unidos solicitará la pena máxima de prisión contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado.

Este lunes, los fiscales adjuntos de Estados Unidos, Kyle Wirshba, Jacob Gutwillig, Elinor Tarlow y David Robles propondrán imponer un castigo de cadena perpetua contra el exmandatario, que gobernó a Honduras entre 2014 y 2022.

El equipo de investigadores pedirá, además, imponer una millonaria multa al exgobernante.

La petición se hará a través de una carta de sentencia que será enviada al juez Kevin Castel, quien determinará finalmente los años de cárcel que serán impuestos a Hernández el miércoles 26 de junio.

A lo largo del proceso judicial, los fiscales han sostenido la tesis de su investigación en la que concluyen que “Juan Orlando Hernández es un narcotraficante. Es un narcotraficante a gran escala”.

Y, por ende, una “sentencia de cadena perpetua enviaría un mensaje apropiado para ellos y otros como ellos: que el tráfico de cocaína, la violencia y la corrupción de este tipo tiene consecuencias y no será tolerada en Estados Unidos, sin importar el autor”.

No obstante, será el juez Kevin Castel quien determinará los años de prisión que purgará Hernández en una prisión de Estados Unidos.

El togado Castel deberá apegarse a una serie de factores, establecidos en el Código Penal estadounidense.

Entre otros, señala que el tribunal impondrá una sentencia suficiente, pero no mayor a la necesaria, para cumplir con los propósitos establecidos.

Asimismo, al determinar la sentencia particular que se impondrá, considerará la naturaleza y circunstancias del delito y la historia y características del acusado, la necesidad de la sentencia impuesta; reflejar la gravedad del delito, promover el respeto de la ley y establecer un castigo justo por el delito; ofrecer una disuasión adecuada a la conducta delictiva; proteger al público de futuros delitos del acusado; y proporcionar al acusado la capacitación educativa o vocacional, atención médica u otro tratamiento correccional necesario de la manera más efectiva.

En marzo pasado, Hernández, de 55 años, fue declarado culpable de tres cargos: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua; usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y poseer ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena de prisión consecutiva obligatoria de 30 años; y conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y poseer ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

El viernes anterior, el cuerpo de abogados de Hernández Alvarado solicitó -en su presentación de sentencia- un castigo de pena mínima de 40 años de reclusión, aunque insistieron en la inocencia de su defendido.

“Este Tribunal sostiene que su sentencia debe limitarse a la sentencia mínima obligatoria legal que este tribunal debe imponer, que es de 10 años por el cargo uno y 30 años por el cargo dos, por una pena total combinada de 40 años de prisión. Hernández tiene 55 años, por lo que una sentencia de 40 años equivale a cadena perpetua para el Sr. Hernández”, afirmó su abogado Renato Stabile.

Sostuvo que “las pruebas del juicio contra Hernández fueron débiles. En resumen, el gobierno acusó a Hernández de gobernar Honduras como un narcoestado, aceptando sobornos de algunos de los mayores narcotraficantes de Honduras a cambio de protección e información” y “prácticamente no hubo evidencia independiente de que él recibiera dinero de traficantes de drogas hondureños, ni evidencia de que alguna vez haya brindado protección a ninguno de ellos: ni video, ni audio, ni registros financieros, ni detalles de qué información policial se proporcionó, ni fechas específicas de reuniones, sobornos o asistencia, ni mensajes de texto o registros telefónicos con el Sr. Hernández, sin evidencia de riqueza inusual y sin detalles específicos”.

Más bien, aseguró Stabile, el expresidente Hernández “hizo más para combatir el narcotráfico en Honduras que cualquier presidente hondureño antes o después y durante años recibió grandes elogios de los funcionarios del gobierno estadounidense”.

Aseguró que su defendido “mantiene su inocencia y tiene la intención de luchar para limpiar su nombre. Fue condenado basándose en poco más que la palabra de algunos de los líderes y asesinos de los carteles de la droga más notorios de Honduras. Espera poder interponer sus recursos posteriores a la condena y tener la oportunidad de limpiar completamente su nombre en un juicio constitucionalmente justo”.

En la presentación de la sentencia de los abogados se incluyó una carta de 30 páginas del expresidente Juan Orlando Hernández en la que asevera que fue acusado injusta e indebidamente, además de que es objeto de un linchamiento de la justicia de Estados Unidos.

“Soy inocente, no culpable por lo que me han acusado en este juicio. Fui acusado y condenado de manera injusta e indebidamente. Esta es la oportunidad de explicar a Honduras, a Estados Unidos y al mundo el atropello del que he sido objeto, al igual que mi familia, el equipo de gobierno y la soberanía de Honduras por esta conspiración en mi contra”, indicó.

El exmandatario insistió en que es víctima de una venganza y una conspiración por parte de los grupos del crimen organizado.

“La investigación y el juicio en mi contra está lleno de errores, de injusticias que se han convertido en un linchamiento del sistema judicial de Estados Unidos. Los fiscales y agentes no hicieron la debida diligencia en la investigación para conocer toda la verdad”, sostuvo.

Afirmó que Honduras entre 2008 y 2012 se convirtió en el principal puente para el paso de la droga que se producía en el sur de América y se consume en el norte del continente. “Esto produjo en Honduras una ola de violencia sin precedentes y nuestro país se convirtió en la capital de los homicidios del mundo con una tasa de casi 90 muertes por cada 100,000 habitantes”, recordó.

El exmandatario señaló que “las autoridades hondureñas y la DEA que estaban operando durante esos años, no hicieron lo que tenían que hacer para enfrentar el problema de violencia existente provocado por carteles de narcotraficantes que operaban en el país, aún estando presentes en la región y teniendo que dar atención a este problemas, esta situación rebasó y se perdieron miles de vidas”.

Sobre la decena de testigos que emitieron un testimonio ante el jurado, aseguró que, como “lo dije antes, tenían un incentivo para decir lo que fuera, entre ellos vengarse en contra de la persona que los persiguió y recibir algún tipo de beneficio como la reducción de sus condenas, mantener sus bienes, que sus familias y ellos puedan quedarse viviendo en los Estados Unidos”.

Aseguró que en este caso “los narcos han ganado porque unos ya están en libertad, al reducir sus condenas, y otros pronto saldrán libres por haber testificado en mi contra a pesar de haber enfrentado cadena perpetua, y yo sí estaré enfrentando prisión de por vida”. Una vez libres tendrán protección en este país y no serán deportados a Honduras para que enfrenten la justicia por múltiples asesinatos y violencia en perjuicio de hondureños, manifestó.

“Quizá volverán a hacer de las suyas generando violencia, muerte, y tráfico de drogas -advirtió-. Estos narcotraficantes, quedó evidenciado en el juicio, se comunicaban entre ellos mediante teléfonos que tenían de manera ilegal, uno de los testigos, Fabio Lobo, abiertamente reconoció haber mentido, y aun así se le permitió seguir dando su testimonio. Ellos por ahora han ganado, la injusticia contra la justicia”.

“Los agentes y fiscales ganarán promociones, a costa de haber acusado sin pruebas sólidas de culpabilidad, sin buscar un juicio justo, contra un inocente, sin haber hecho una debida diligencia en sus investigaciones completamente sesgadas. Cómo es posible que Estados Unidos, el país más informado del mundo, el que tiene las más grandes tecnologías de vigilancia, no presentó ningún audio, ningún video, ninguna fotografía que me incriminara directamente como sí ocurrió en otros juicios con estos mismos testigos”, fustigó.

El exmandatario afirmó que “todo lo basaron en testimonios de narcos violentos y personas que tenían intereses de permanecer como testigos protegidos, tener sus vidas resueltas bajo el patrocinio de los ciudadanos de Estados Unidos. Estos delincuentes saldrán libres y probablemente se quedarán a vivir en este país, podrían incluso llegar a ser sus vecinos en Estado Unidos. En este caso perdió la justicia”.