CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- A unos días de terminar 12 años de labores en las que intentó contribuir al combate a la corrupción, la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no tiene duda de que deja un país en el que los tres poderes del Estado y parte del sector empresarial fueron y siguen corrompidos.
En el estudio denominado “Guatemala: un Estado capturado”, la CICIG hace una radiografía del país y los alcances que ha tenido la corrupción en la nación centroamericana a partir de las distintas investigaciones que realizó en la última década y que entre otras cosas permitieron llevar a la cárcel a un expresidente.
En Guatemala, señala el organismo de la ONU en el reporte divulgado el miércoles, se creó una “coalición mafiosa” que “estaba dispuesta a sacrificar el presente y futuro de Guatemala para garantizarse impunidad y preservar el statu quo”. En esa coalición estarían autoridades de distintos niveles, empresarios y particulares.
En el estudio denominado “Guatemala: un Estado capturado”, la CICIG hace una radiografía del país y los alcances que ha tenido la corrupción en la nación centroamericana a partir de las distintas investigaciones que realizó en la última década y que entre otras cosas permitieron llevar a la cárcel a un expresidente.
En Guatemala, señala el organismo de la ONU en el reporte divulgado el miércoles, se creó una “coalición mafiosa” que “estaba dispuesta a sacrificar el presente y futuro de Guatemala para garantizarse impunidad y preservar el statu quo”. En esa coalición estarían autoridades de distintos niveles, empresarios y particulares.
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La presentación del reporte es el último acto público de la CICIG, anunció su titular Iván Velásquez, quien participó en el evento en videoconferencia desde Colombia. El gobierno guatemalteco prohibió hace meses la entrada al país del abogado colombiano.
“Casi llegamos al núcleo de las estructuras que tiene capturado al Estado”, aseguró Velásquez. “Esto no se soluciona sino a partir de una profunda reestructuración del Estado”.
La CICIG llegó a Guatemala en 2007 a pedido del gobierno del entonces presidente Óscar Berger (2004-2008) con la idea de combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que se formaron tras la guerra civil de 1960 a 1996.
Sin embargo, el actual presidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato del organismo tras considerar que se extralimitó en sus funciones. La decisión del mandatario ocurrió después de que la CICIG inició una investigación contra algunos de sus familiares, incluido su hijo, lo cual desató críticas de opositores que vieron un intento de protegerse.
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La comisión también hizo una investigación preliminar contra Morales por presuntos actos irregulares.
El estudio considera que desde los tiempos de la colonia se ha consolidado en Guatemala la idea de la “impunidad del poder”.
Uno de los motivos para que estas redes de corrupción persistan, según el documento, es la forma en que “han distorsionado la institucionalidad democrática en su favor y han moldeado el sistema político y diseñado mecanismos que les permiten ocupar posiciones de poder manipulando la legislación”.
Muestra de esa manipulación son las redes político-económicas que operan en el país. Una de las más importantes descubierta, investigada y llevada a los tribunales por la CICIG y la Fiscalía contra la Impunidad (FECI) es la conocida como “La línea”, integrada por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron al cargo tras ser acusados de una defraudación aduanera por unos 65 millones de dólares. Además de Pérez Molina y su vicepresidenta, gran parte del gabinete fue también acusada del mismo delito.
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“Entre 2012 y 2015 una red político-económica ilícita ocupó el Ejecutivo, subordinó al Legislativo, manipuló e interfirió en la elección de los magistrados de las altas cortes y además de saquear al Estado promovió leyes y políticas para favorecer a empresas privadas en detrimento de la competencia y de la ciudadanía”, dice el informe. Todo ello, agrega, favoreció la actividad de las redes de narcotráfico.
La CICIG dejará de operar formalmente el 3 de septiembre.
Durante sus 12 años de gestión llevó a juicio a más de 400 personas por hechos de corrupción y otros delitos y logró desarticular 70 estructuras del crimen organizado integradas por funcionarios públicos, diputados, jueces, empresarios y civiles.
La CICIG también investigó el financiamiento ilegal del partido político Frente de Convergencia Nacional que en 2015 llevó al poder al actual presidente Jimmy Morales, y por el que por primera vez en la historia del país empresarios fueron acusados y llevados a los tribunales por sus pagos ilegales a un partido político. A pesar de que los empresarios se disculparon públicamente, fue el comienzo de una arremetida contra la CICIG.
En 2017, luego de que la Comisión acusó de corrupción al hijo y al hermano de Morales, el mandatario decidió no renovar más el mandato de la CICIG alegando que se había extralimitado en sus funciones.
“El financiamiento ilícito, presente en la mayoría de campañas y partidos, proviene principalmente de grupos criminales (entre ellos narcotráfico logrando control territorial y protección política)... de la corrupción y de (algunos) empresarios (buscando beneficios como influir en decisiones, integración de gabinetes, solucionar sus conflictos administrativos)”, dice el informe.
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