Según el acuerdo, todas las ventas de clorpirifos en California se suspenderán a partir del 6 de febrero de 2020, y los agricultores tendrán hasta el final de 2020 para agotar sus suministros.
El pesticida se usa en numerosos cultivos en el estado, incluyendo alfalfa, almendras, cítricos, algodón, uvas y nueces.
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Los reguladores estatales han dicho que el clorpirifos se ha relacionado con problemas de salud infantil, como discapacidad cerebral, y con enfermedades en personas con sistemas inmunológicos debilitados.
'Durante años, los defensores de la justicia ambiental han luchado para sacar al dañino pesticida clorpirifos de nuestras comunidades', dijo el gobernador Gavin Newsom en un comunicado después de anunciarse el acuerdo.
Agregó que 'gracias a su tenacidad y al trabajo de innumerables personas, esto ocurrirá ahora más rápido de lo que se había previsto originalmente. Esta es una gran victoria para los niños, los trabajadores y la salud pública de California'.
Cuando California anunció a principios de este año que pretendía prohibir el pesticida, el secretario del medio ambiente estatal, Jared Blumenfeld, dijo que lo estaba haciendo porque el gobierno federal le permitía permanecer en el mercado.
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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump revirtió un intento previo del gobierno de Obama de eliminar el clorpirifos.
Blumenfeld dijo que el acuerdo con su fabricante 'evita un prolongado proceso legal al tiempo que proporciona un calendario claro para los agricultores de California mientras desarrollamos prácticas alternativas de manejo de plagas'.
El pesticida ya ha sido prohibido en Hawai.
La fabricante de clorpirifos, Corteva Agriscience, dijo en un comunicado que, aunque no estaba particularmente satisfecha con la prohibición, la compañía llegó al acuerdo 'por ser lo más conveniente para los productores afectados'.
'A través de acciones recientes, el estado de California ha improvisado e implementado varios requisitos regulatorios desafiantes para el clorpirifos. Estos nuevos requisitos han hecho prácticamente imposible que los productores utilicen esta importante herramienta en su estado', dijo Corteva.
El estado dijo que asignaría 5 millones de dólares para ayudar a los fabricantes a desarrollar alternativas más seguras.
