Los familiares efectuaron una ceremonia en el poblado de Bojayá, en la provincia de Chocó, tras un laborioso proceso en el que científicos forenses utilizaron ADN para identificar a casi 80 personas que habían sido inhumadas en fosas comunes.
A las familias se les dieron pequeños ataúdes con los restos para ser enterrados.
El sacerdote Esterling Mena les dijo a los familiares que el nuevo entierro es importante porque significa que los muertos ya no estarán sepultados en un sitio “que la guerra decidió'.
'Retornan a la tierra de la cual fueron formados', afirmó.
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La gente se había refugiado en una iglesia durante un enfrentamiento entre rebeldes izquierdistas y paramilitares en 2002 cuando un proyectil de mortero estalló en el interior, dejando docenas de muertos.
A pesar de un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, los activistas en pro de las víctimas dicen que en la actualidad aún hay grupos armados ilegales que amenazan a los habitantes del poblado.
“Los acuerdos de paz de La Habana nos dieron una luz de esperanza, y aunque sea por unos pocos meses logramos vivir en un territorio sin presencia de actores armados ilegales”, dijo Yuber Palacio, recitando una carta escrita por el grupo de víctimas de Bojayá. “Eso sólo fue una falsa ilusión'.
El Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá advirtió que nuevos grupos delictivos están apoderándose de territorios que los insurgentes controlaban y donde el gobierno de Colombia tiene poca presencia, lo que ha llevado a continuos desplazamientos forzados, homicidios y desapariciones.
'En los últimos meses ha regresado el temor', afirmó el grupo en una carta de siete páginas. “Hoy, delante de nuestros muertos adultos y niños que nos guiarán desde el Cielo, les decimos a los actores armados que no los queremos en el territorio”.
Los forenses exhumaron restos de víctimas en 2017 que fueron enterrados improvisadamente durante el turbulento período que siguió al ataque.
Los científicos trabajaron muy de cerca con las familias para explicar cómo se identificó a cada persona con la esperanza de proporcionarles una sensación de conclusión, algo que el entierro inicial en una fosa común no logró, dijo Claudia Adriana García, directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.
'Como víctimas, consideraban que el Estado colombiano no había hecho una entrega adecuada', señaló.
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En total, los trabajadores forenses lograron identificar a 72 personas valiéndose de un análisis genético convencional, y a otras seis con técnicas nuevas más avanzadas. Las autoridades consideran los restos que aún no han sido identificados como el caso 79.
“Enterrar una vez es doloroso. Exhumar y volver a enterrar desgarra el alma', afirmó el comité en su comunicado.
Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que es urgente que las autoridades respondan al grito de advertencia de la comunidad, al tiempo que elogió su respaldo a la paz.
'Bojayá, y la resiliencia de sus víctimas, es un ejemplo para Colombia y el mundo de la apuesta por la paz a pesar de la tragedia inmensa que provocó el conflicto armado', añadió.
