La denuncia constituye un nuevo intento de aumentar la presión sobre los simpatizantes de Morales a que dejen las manifestaciones para que se pueda transportar tubos de oxígeno. En el quinto día de cortes de rutas perdieron la vida 31 personas enfermas por el nuevo coronavirus, sin mencionar el gran riesgo de contagio que representan las movilizaciones.
Las protestas, que cumplen cinco días, rechazan el aplazamiento de la fecha de las elecciones presideciales del 6 de septiembre al 18 de octubre.
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“Esta situación se agrava por las acciones de sectores políticos que —dirigidos e incitados por el expresidente Morales-- atentan contra los derechos humanos de las personas que sufren covid-19 y de la población en general”, dijo la canciller boliviana Karen Longaric, quien participó de manera virtual en la sesión extraordinaria de la OEA, solicitada por Bolivia.
“Estos sectores inescrupulosos no ocultan su naturaleza antidemocrática. Buscan el caos, la confrontación y la muerte para encubrir catorce años de despilfarro, corrupción y abusos, e imponer su agenda autoritaria”, agregó.
También solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que muestre “imparcialidad” en el capítulo boliviano y exigió a esta instancia dejar de ser “portavoz” del exmandatario.
Poco después intervino el director de Epidemiología de Bolivia, Virgilio Prieto, quien explicó que en La Paz murieron 23 personas, tres en Cochabamba y cinco en Oruro por la falta de oxígeno medicinal, esencial por los pacientes que están en terapia intensiva e intermedia.
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“La bajeza de pretender obtener réditos políticos del sufrimiento del pueblo ante esta situación de salud es inadmisible. Reiteramos que es inmoral e indigno jugar a la política con la vida de la gente”, dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tras escuchar a la canciller.
Bolivia intenta sanar una crisis política y social que dejaron las fallidas elecciones del 20 de octubre de 2019 tras denuncias de fraude a favor de Morales, lo cual generó una convulsión que ocasionó la renuncia de expresidente el 10 de noviembre. Dos días después asumió Áñez con la misión de llamar a nuevos comicios.
Las elecciones fueron inicialmente convocadas para el 3 de mayo, pero a raíz de la pandemia se retrasaron al 6 de septiembre y posteriormente al 18 de octubre. El presidente de Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, explicó la decisión debe al incremento acelerado de contagios y fallecidos.
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