El 24 de septiembre el presidente Bukele anunció durante una cadena nacional de radio y televisión que el Ministerio de Hacienda investiga desde julio al periódico digital El Faro por supuesto lavado de dinero y evasión tributaria.
La acción gubernamental fue en aparente represalia contra El Faro por sus investigaciones periodísticas; una de las más recientes relacionada a una negociación secreta del gobierno de Bukele con la organización criminal Mara Salvatrucha, de cara a las elecciones de 2021'.
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Bukele también acusó a otros medios de mentir y atacar a su gobierno, entre ellos a los diarios La Prensa Gráfica, el Diario de Hoy y El Mundo, y a los portales Factum y Gato Encerrado.
Antes y después que asumió la presidencia, Bukele se ha caracterizado por su estilo confrontativo contra los medios y periodistas independientes. En los últimos meses, existe preocupación por la creación de un nuevo medio de comunicación del Gobierno nacional usando fondos públicos, pero cuya estrategia editorial estaría centrada en la propaganda y como herramienta para atacar a sus opositores y periodistas críticos. Numerosos periodistas de medios independientes han sido contratados por la Presidencia.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, condenaron la censura indirecta ejercida por el 'Poder Ejecutivo a través de tácticas fiscales, con la intención de silenciar a El Faro y otros medios de comunicación independientes'.
Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica, y Rock, director del portal La Silla Rota, Ciudad de México agregaron que 'la actitud de Bukele es la misma práctica de estigmatización y descrédito que estamos observando en Estados Unidos, Brasil, México y Venezuela' para acallar a la prensa crítica e incómoda.
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Semanas atrás, congresistas estadounidenses demócratas y republicanos han expresado públicamente la hostilidad del gobierno de Bukele contra los medios y han cuestionado la vigencia del Estado de derecho en el país. A principios de septiembre la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 61 casos contra la prensa, entre bloqueo de información pública y declaraciones estigmatizantes de parte del gobierno.
Faro presentó una demanda de amparo y solicitó medidas cautelares para proteger material periodístico y datos de sus suscriptores y la identidad de sus donantes.
