El gobierno del presidente Alejandro Giammattei emitió un comunicado el domingo en la noche, diciendo que los actos de violencia suscitados ponen en grave riesgo la institucionalidad democrática del país y que grupos minoritarios buscan forzar un golpe de Estado. No se refirió a los heridos durante los disturbios, ni al reclamo de uso excesivo de la fuerza policial.
Giammattei también dijo que invocaba la Carta Democrática Interamericana para que la comunidad internacional, “a través de mecanismos regionales apropiados, ofrezca apoyo en la preservación de la democracia en Guatemala”, y que le solicitó a Luis Almagro, secretario de la Organización de los Estados Americanos, que se tomen medidas para promover el diálogo en el país.
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Celeste González, una maestra de preprimaria de 21 años que protestaba el domingo, dijo que ya estaba cansada de tanta corrupción en el país: “Estoy cansada de que haya niños con hambre; yo estoy lanzando mi voz por mis estudiantes porque quiero que ellos tengan un futuro mejor”.
El domingo continuaba el repudio a las agresiones policiales. La Alianza por las Reformas -que aglutina a 40 organizaciones sociales- exigió la destitución del ministro de Gobierno, Gendri Reyes, debido al uso de la fuerza policial contra los manifestantes.
“Exigimos la destitución inmediata del ministro Gendri Reyes y del director de la Policía Nacional Civil, José Antonio Tzubán, quienes dieron las órdenes para reprimir a la población, y que el Ministerio Púbico inicie una investigación penal en su contra”, pidió Alianza.
El grupo G-13 -donantes de 13 países incluidos Alemania, España, Estados Unidos y Suecia, entre otros- dijo que “ayer la gran mayoría de los manifestantes ejercieron pacíficamente su derecho constitucional, pero la expresión de las propias ideas nunca debe convertirse en violencia”. El grupo exhortó al gobierno a investigar los hechos y responsabilizar a los culpables de la generación de violencia y/o el uso de fuerza excesiva.
El sábado, un grupo de manifestantes incursionó al Congreso e incendió una parte de sus oficinas. Posteriormente, la policía usó gases lacrimógenos para obligar a dispersarse a unas 10,000 personas que protestaban pacíficamente a unas cuadras de la Plaza de la Constitución.
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Al menos 12 policías resultaron heridos, así como 15 de los manifestantes, dos de ellos de gravedad, y hay más de una treintena de detenidos. La represión policial en las calles se extendió a varios departamentos del país, según reportes de los medios.
Varias personas fueron agredidas y golpeadas, entre ellas periodistas que fueron atendidos por paramédicos. Fue posible ver en videos cómo la policía arrastraba y golpeaba a por lo menos tres mujeres que protestaban.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó la fuerte respuesta policial a las manifestaciones, al tiempo que solicitó una investigación de los actos de vandalismo contra el Congreso.
“De acuerdo con los estándares interamericanos sobre el derecho a la protesta y los derechos humanos, los Estados deben respetar la manifestación pacífica”, indicó.
En esa misma dirección, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, dijo sentirse preocupado por las denuncias de uso excesivo policial.
“El gobierno debe respetar los derechos de los manifestantes y garantizar investigaciones creíbles sobre uso excesivo de la fuerza, así como sobre los ataques vandálicos contra el Congreso”, señaló.
La Procuraduría de Derechos Humanos, que vigiló de cerca la protesta, condenó el actuar policial y dijo que entre los heridos y detenidos hubo manifestantes y periodistas.
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“Los hechos represivos representan un claro retroceso en el respeto de las libertades civiles y políticas garantizadas en la Constitución, debilitando el estado de derecho y perturbando gravemente la gobernabilidad democrática del país”, indicó.
La Procuraduría también pidió la destitución del ministro de Gobierno y del director de la Policía.
Los guatemaltecos salieron a protestar por varios motivos, pero principalmente por la aprobación del presupuesto nacional para el 2021 por parte del Congreso por unos 12,700 millones de dólares, que según los críticos recortó fondos para la atención del covid-19, los programas de nutrición, educación y lucha por los derechos humanos, entre otros.
El Congreso también se recetó unos 65,000 dólares para comidas de diputados, algo que indignó a la población porque en ese momento la tormenta Iota entraba al país causando destrozos, dejando a comunidades pobres incomunicadas y sin alimentos, las cuales ya habían sido afectadas por el paso reciente de otro potente meteoro, Eta.
Según las autoridades, hasta el momento ambos fenómenos han dejado 59 muertos y casi 100 desaparecidos.
El Congreso también aumentó fondos a ministerios como Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que se encargan de contratar obra pública y que han sido centros de corrupción y de botín político durante varios gobiernos.
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