El diario local El Periódico publicó el domingo un resumen de la declaración que Alveño Hernández hizo en la Fiscalía Especial contra la impunidad (FECI) en la cual detallaba cómo Paola Mansilla, asistente de Héctor Anibal de León Velasco, consejero de la fiscal general del país Consuelo Porras, cobraba dinero para evitar que la FECI investigara a personas señaladas de corrupción.
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“Lo que se publicó es verdad, es parte de la declaración que yo di en la fiscalía contra la impunidad”, dijo Alveño Hernández a The Associated Press mientras presentaba una denuncia en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos por temor de su vida y la de su familia, y coordinaba su salida.
El Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, dijo que Alveño denunció temor por su integridad, su vida y la de su familia. “Quería dejar constancia en la Procuraduría donde se recibió su denuncia”, dijo Rodas.
“A la fiscal general la hago responsable de mi integridad”, dijo el abogado y agregó que había rendido su declaración bajo confidencialidad y que la filtración de la información lo pone en vulnerabilidad. “Ella como jefa del Ministerio Público tiene que velar por la integridad de todas las personas que estamos colaborando en algún momento con la justicia”, dijo.
Alveño Hernández fue abogado de Edgar Barquín, exdirector del Banco de Guatemala, cercano al presidente Alejandro Giammattei y consejero en temas de política monetaria del país. Barquín fue condenado en 2016 por tráfico de influencias en un caso de lavado de dinero.
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Barquín, a través de Alveño, habría pagado un soborno de 30,000 quetzales a Mansilla, unos 3.900 dólares, por lograr que el caso le fuera retirado a la FECI y enviado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, que es considerada bajo el control de la fiscal general y con lo cual se benefició Barquín.
“Yo reconozco que hice mal', dijo en referencia al pago del soborno. 'Pero quería enmendar, por eso decidí colaborar con la justicia”, añadió.
El abogado señaló que confiaba “totalmente” en Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, quien el viernes fue destituido por Porras, por lo que ahora teme por lo que pueda pasarle por la información que conoce.
Porras destituyó a Sandoval aduciendo “constantes abusos y frecuentes atropellos a la institucionalidad del Ministerio Público”. La fiscal dijo que hubo un “irrespeto” hacia ella, aunque no explicó a qué se refería ni presentó evidencias.
Porras arremetió contra Sandoval en una entrevista el domingo con un canal de televisión local y dijo entre otras cosas que el exfiscal procuraba casos en contra de personas de ideología contraria y favorecía a otros que le eran de su conveniencia.
La fiscal uso la misma justificación que usan los amigos y familiares de acusados y procesados por corrupción y delitos de lesa humanidad sobre la ideologización de la justicia y dijo que “actualmente existen investigaciones que permitirán establecer la justicia ideológica que tanto daño le ha hecho a la sociedad guatemalteca”.
Sandoval es considerado una de las personas clave en el desmantelamiento de más de 60 estructuras criminales y contribuyó, junto con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un organismo de Naciones Unidas, para llevar ante la justicia al expresidente Otto Pérez Molina y a miembros de su gabinete por actos de corrupción.
Alveño dijo que estaba coordinando su testimonio en por lo menos 11 casos de la FECI, donde sería colaborador eficaz, y que entregaría información y evidencias que involucraría a varios funcionarios, incluidos magistrados de Salas de Apelaciones que reciben sobornos, pero que con la salida de Sandoval eso cambiaba.
“Temo que la fiscal general quiera criminalizarme ahora”, dijo el abogado.
La destitución de Sandoval ha generado rechazo en sectores de la sociedad civil y provocado protestas y un llamado a un paro nacional, así como el rechazo del gobierno estadounidense.
“Estamos con el pueblo de Guatemala y con el Fiscal Juan Francisco Sandoval, a quien reconocí este año con un Premio como un propulsor Anticorrupción', señaló el domingo el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, en su cuenta de twitter. 'Su despido socava el estado de derecho y fortalece las fuerzas de la impunidad. Los guatemaltecos merecen algo mejor”.
Representantes de las Autoridades Ancestrales, que aglutinan a varios líderes de los pueblos indígenas del país, pidieron el domingo en conferencia de prensa la renuncia de la fiscal Porras y del presidente Alejandro Giammattei, y anunciaron protestas y paros a nivel nacional por la destitución de Sandoval.
La Conferencia Episcopal, rectora de la Iglesia católica en Guatemala, dijo en un comunicado que la abrupta destitución de Sandoval le hizo un daño irreparable al país. “Recogemos el clamor ciudadano al percibir que este hecho significa un evidente retroceso en la lucha por un eficiente combate a la corrupción e impunidad, que tanto daño han hecho para el desarrollo integral del país'.
Por la noche, un grupo de médicos hizo una vigilia frente a las instalaciones del Ministerio Público exigiendo la renuncia de Porras, además de denunciar las precarias condiciones en las que laboran durante la pandemia.
La madrugada del sábado, Sandoval abandonó Guatemala rumbo a El Salvador acompañado del Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, el embajador de Suecia en Guatemala Hans Magnusson y de defensores de derechos humanos. Desde allí partió a otro lugar sin saber cuál es su destino final.
“Tristemente se convierte en una dinámica que tenemos que vivir muchos servidores públicos en Guatemala simplemente por no ser útiles para un régimen”, dijo Sandoval el sábado a la AP tras tocar suelo salvadoreño.
