La detención de Peraza se produjo la noche del lunes en su casa, 48 horas después de que los opositores Noel Vidaurre y Jaime Arellano fueran puestos bajo arresto domiciliario. Con Peraza suman 29 adversarios al gobierno de Daniel Ortega encarcelados desde fines de mayo, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
Según la policía, a José Antonio Peraza se le investiga por “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y por “pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer bloqueos económicos y comerciales”, delitos establecidos en la Ley 1055, indicó el reporte policial.
Horas antes de su detención, el directivo de la UNAB había declarado al programa de televisión Esta Semana, medio crítico del gobierno, que éste estaba “normalizando” el proceso electoral cuando el país se enrumba “al peor escenario electoral que pudimos haber imaginado”.
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Peraza es miembro del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), una instancia de la sociedad civil que intentó modificar el sistema electoral de cara a los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega buscará su tercera reelección consecutiva. En la entrevista dijo que el gobierno no ha cumplido ninguna de las “condiciones habilitantes” que estableció el GPRE para ir a elecciones libres, ni tampoco las reformas propuestas por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Hasta el momento son siete los aspirantes presidenciales encarcelados: Cristiana Chamorro y Noel Vidaurre (ambos bajo arresto domiciliario), Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena.
También están detenidos los ex vicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais, los exguerrilleros sandinistas disidentes Dora María Téllez y Hugo Torres, así como cuatro dirigentes opositoras, dos líderes universitarios, un periodista y dos empresarios, entre otros. La oposición asegura que los “presos políticos” suman más de 130 desde 2018.
Nicaragua vive una grave crisis que inició tras las protestas sociales de 2018, cuando la violenta acción gubernamental dejó 328 muertos, más de 2,000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100,000 emigrados y exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno acusó a la oposición de intentar un “fallido golpe de Estado”.
El pasado fin de semana, en un discurso durante la jornada de verificación electoral, Ortega volvió a acusar al gobierno de Estados Unidos de “sembrar el terrorismo” en Nicaragua y rechazó la posibilidad de negociar una apertura electoral, descartando indirectamente también una mediación propuesta por México y Argentina.
El mismo martes, el gobierno anunció que inició una investigación contra el excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa (1997-2001) y contra Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de los encarcelados aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, por los mismos delitos contra el Estado establecidos en la Ley 1055.
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La Fiscalía señaló en un informe que la semana pasada Valle y Cárdenas tuvieron reuniones con senadores, congresistas y funcionarios del gobierno de Estados Unidos “en las que solicitaron utilizar mecanismos de presión en contra de Nicaragua” para lograr la liberación de ambos políticos. “Tales acciones se consideran violatorias al ordenamiento jurídico interno”, advirtió la entidad.
Sobre la situación de Aguirre Sacasa, quien fue canciller, durante el gobierno liberal de Arnoldo Alemán, no se informó si se encuentra en libertad o si ya fue detenido.
