En lugar de ello, el enfoque estará en los “empleadores sin escrúpulos que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados” y en el combate al maltrato de los trabajadores, incluyendo el pago de salarios bajos, condiciones laborales peligrosas y tráfico humano.
El memorándum de tres páginas instruye a los directores de los servicios de inmigración (ICE), aduanas (CBP) y ciudadanía (USCIS) que elaboren un plan en dos meses para aumentar las penalizaciones a empleadores, alentar a los trabajadores a reportar prácticas inescrupulosas sin temor y coordinarse con otras agencias, como el Departamento de Trabajo.
Las redadas en sitios de trabajo fueron comunes durante la presidencia de Donald Trump, incluido un operativo en el 2019 contra plantas procesadoras de pollo en Mississippi, la mayor operación de ese tipo en más de una década.
Trump y otros presidentes republicanos han afirmado que las redadas son disuasorias contra la inmigración ilegal, pero grupos de trabajadores las llamaron injustas y discriminatorias. Por ejemplo, la mayoría de los 680 trabajadores arrestados en plantas de la compañía Koch Foods eran latinos.
La decisión del martes de suspender las redadas se acerca al enfoque del presidente Barack Obama, que mayormente evitó ese tipo de operaciones, limitado las operaciones de inmigración en sitios de trabajo a auditorías.
“El despliegue de operaciones masivas en lugares de trabajo, que resultaron a veces en arrestos simultáneos de centenares de trabajadores, no estaba enfocado en el aspecto más pernicioso del problema del empleo no autorizado: los empleadores explotadores”, escribió Mayorkas.
“Esas operaciones sumamente visibles destinaron recursos del modo equivocado al tiempo que desalentaron la cooperación en investigaciones de estándares en sitios de trabajo, sirviendo en ocasiones como herramienta de represalia por la misma'.
Además de poner fin a esos arrestos masivos, Mayorkas dijo que las autoridades de inmigración deberían comenzar inmediatamente a usar “discrecionalidad procesal” en lo que se refiere a alentar a los trabajadores a denunciar explotación en el lugar de trabajo y prevenir que los empleadores usen amenazas de deportación como represalia.
Grupos laborales aplaudieron el anuncio, diciendo que los trabajadores inmigrantes son especialmente vulnerables, sobre todo aquellos que están en el país sin autorización. Industrias como las empacadoras de carne y procesamiento de pollo utilizan mucha de mano de obra inmigrante para tareas duras, a menudo en áreas rurales con escaso acceso a abogados.
