'Creemos que hace tiempo que la Oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet debería haber investigado la masacre de 1988', escribieron los firmantes, entre los que se encuentran organizaciones, exreponsables de la ONU, exjueces y destacados abogados, premios Nobel como el expresidente de Timor Oriental José Ramos-Horta, y políticos como el expresidente de Chile Ricardo Lagos.
Nombrando al actual presidente ultraconservador iraní Ebrahim Raisi y al jefe de la autoridad judicial Gholam Hosein Mohseni Ejei, lamentan que 'los responsables sigan gozando de impunidad', en una carta coordinada por la organización Justicia para las Víctimas de la Masacre de 1988 en Irán (JVMI), con sede en Londres.
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Aseguran temer que esto 'anime a las autoridades iraníes a cometer más atrocidades contra los disidentes y los presos políticos'.
Según defensores de los derechos humanos, miles de personas, entre ellas simpatizantes o miembros de los 'muyahidines del pueblo' y presos marxistas e izquierdistas, fueron ejecutados en cárceles iraníes sin juicio previo por orden del entonces líder supremo, el ayatolá Jomeini.
El presidente Ebrahim Raisi ha sido acusado por la oenegé Amnistía Internacional de haber sido miembro de una 'comisión de la muerte' detrás de las ejecuciones cuando era fiscal adjunto del tribunal revolucionario de Teherán.
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'Miles de presos políticos que se negaron a abandonar sus creencias fueron ejecutados', afirma la carta abierta. 'Las víctimas fueron enterradas en fosas comunes repartidas por todo el país'.
En octubre, un grupo de opositores iraníes en el exilio, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI por sus siglas en inglés), presentó una denuncia ante la policía escocesa por genocidio y violación de los derechos humanos contra Raisi.
El NCRI, prohibido en Irán, es el brazo político de los 'muyahidines del pueblo' (MEK en persa), un grupo armado de oposición al régimen islámico que Teherán califica de 'secta terrorista'.
Raisi, que ha negado su implicación en las ejecuciones, figura en la lista negra de funcionarios iraníes sancionados por Washington por 'complicidad en graves violaciones de los derechos humanos'.
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