El juez federal de distrito David Campbel también rechazó el martes los argumentos de la oficina del secretario de Justicia estatal Mark Brnovich de que el acuerdo debería renegociarse porque la gran mayoría del dinero iría a grupos que defienden a los inmigrantes, en lugar de a los huéspedes de Motel 6 cuya privacidad fue violada.
El juez dijo que sólo se justificaría renegociar si él puede concluir que las cantidades entregadas a los demandantes son insuficientes.
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'El secretario de Justicia no ha proporcionado información a partir de la cual el tribunal pueda tomar esa determinación', escribió Campbell.
En la demanda se afirmaba que Motel 6 tenía una política o práctica corporativa de entregarle información al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que los huéspedes proporcionaban a la hora de solicitar una habitación. También acusó a Motel 6 de proporcionar dichos datos sin exigir que las autoridades obtuvieran una orden judicial o sin tener una sospecha razonable de que se estaban cometiendo delitos.
Motel 6 ha rechazado las acusaciones.
La cadena de moteles económicos ha dicho previamente que les indicó a sus más de 1.400 instalaciones que tenían prohibido darle voluntariamente listas de huéspedes a autoridades migratorias después de que el periódico Phoenix New Times reportara en 2017 que empleados en Arizona estaban entregando nombres de huéspedes a agentes.
Motel 6 también llegó a un acuerdo por 12 millones de dólares en una demanda similar en el estado de Washington en 2019.
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La demanda de Arizona fue incoada a nombre de ocho latinos no identificados que se quedaron en instalaciones de Motel 6 en Phoenix, y en ella se afirmaba que los huéspedes eran discriminados por su país de origen o raza.
Agentes del ICE visitaron a algunos de los huéspedes en sus habitaciones de motel un día después de que éstos les mostraron a empleados de Motel 6 pasaportes, licencias de conducir o credenciales de identificación emitidas por el gobierno mexicano, según la demanda.
La cantidad del acuerdo fue revelada públicamente el año pasado, pero una orden escrita por Campbell ofrece una actualización de las reclamaciones que se han hecho hasta el momento.
Más de 2,000 personas han presentado reclamaciones. Ya se aprobó el pago de indemnizaciones por 3.4 millones de dólares en total, al tiempo que se sopesa el pago de otros 1.5 millones de dólares.
Otros 500,000 dólares se destinarán al Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación, que presentó la demanda, para cubrir los gastos legales.
El resto será dividido en diferentes cantidades entre cuatro grupos más. Todavía no se determina la cantidad que será entregada a los grupos, aunque se cree que serán varios millones de dólares.
Tres de los grupos ofrecen servicios a las personas que deben defender su estatus migratorio en Estados Unidos, mientras que una cuarta organización ofrece becas universitarias a personas que no son ciudadanos.
Según el acuerdo, cada demandante cuya información fue proporcionada a las autoridades de inmigración podría recibir 75 dólares; hasta 10,000 si la persona es puesta en proceso de deportación; y hasta 200,000 dólares si el afectado incurrió en gastos legales para defender su presencia en Estados Unidos.
