SEATTLE, ESTADOS UNIDOS.- Varios grupos defensores de los derechos civiles volvieron a llevar al gobierno del presidente Donald Trump ante la corte, esta vez por su política de prohibir que los
solicitantes de asilo detenidos pidan a un juez que les conceda la libertad bajo fianza.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés), el Consejo de Inmigración Estadounidense y el Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste) presentaron una denuncia el jueves contra dicha política ante la Corte Federal de Distrito en Seattle.
El secretario de Justicia, William Barr, anunció en abril que los solicitantes de asilo que han mostrado tener un temor creíble de regresar a su país y enfrentan la deportación no tienen derecho a que un juez de una corte de inmigración les conceda la libertad bajo fianza en lo que se resuelven sus casos.
Usualmente, un solicitante de asilo que cruza la frontera entre puertos oficiales de ingreso tendría el derecho de pedirle a un juez que le conceda libertad bajo fianza. Según el nuevo fallo, tendrá que aguardar detenido hasta que su caso sea adjudicado.
Michael Tan, abogado del Proyecto sobre los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que el plan despoja inconstitucionalmente a las personas de su derecho a una audiencia.
'En última instancia, el gobierno no encierra a la gente sin el debido proceso', afirmó Tan. 'Y la parte más básica del debido proceso es una audiencia para determinar si una persona debería ser encerrada o no'.
El fallo de Barr, que entrará en vigor a mediados de julio, fue emitido en una época frustrante para el gobierno, ya que la cifra de cruces fronterizos se ha incrementado agudamente. La mayoría son familias de Centroamérica que huyen de la violencia y la pobreza. Muchas solicitan asilo.
Trina Realmuto, abogada en jefe del Consejo de Inmigración Estadounidense, consideró que el fallo forma parte de la cruzada del gobierno para desalentar y evitar que los solicitantes de asilo pidan protección en Estados Unidos.
'Seguiremos combatiendo el uso que hace el gobierno de la encarcelación masiva como un arma para castigar a los migrantes', afirmó Realmuto en un comunicado.
Se presentaron 161,000 solicitudes de asilo en el año fiscal más reciente y 46,000 en el primer trimestre de 2019, según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, que supervisa a los tribunales migratorios.
El número de decisiones emitidas por los jueces de inmigración que el gobierno del presidente Donald Trump ha decidido tomar para revisión no tiene precedentes, según Sarah Pierce, analista de políticas del Instituto de Política Migratoria, un grupo apartidista.
El gobierno -tanto durante la gestión de Barr como la del exsecretario de Justicia Jeff Sessions- ha revisado un total de 10 fallos sobre inmigración. Durante el gobierno del presidente Barack Obama se revisaron cuatro, y nueve en el de George W. Bush.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés), el Consejo de Inmigración Estadounidense y el Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste) presentaron una denuncia el jueves contra dicha política ante la Corte Federal de Distrito en Seattle.
El secretario de Justicia, William Barr, anunció en abril que los solicitantes de asilo que han mostrado tener un temor creíble de regresar a su país y enfrentan la deportación no tienen derecho a que un juez de una corte de inmigración les conceda la libertad bajo fianza en lo que se resuelven sus casos.
Usualmente, un solicitante de asilo que cruza la frontera entre puertos oficiales de ingreso tendría el derecho de pedirle a un juez que le conceda libertad bajo fianza. Según el nuevo fallo, tendrá que aguardar detenido hasta que su caso sea adjudicado.
Michael Tan, abogado del Proyecto sobre los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo que el plan despoja inconstitucionalmente a las personas de su derecho a una audiencia.
'En última instancia, el gobierno no encierra a la gente sin el debido proceso', afirmó Tan. 'Y la parte más básica del debido proceso es una audiencia para determinar si una persona debería ser encerrada o no'.
El fallo de Barr, que entrará en vigor a mediados de julio, fue emitido en una época frustrante para el gobierno, ya que la cifra de cruces fronterizos se ha incrementado agudamente. La mayoría son familias de Centroamérica que huyen de la violencia y la pobreza. Muchas solicitan asilo.
Trina Realmuto, abogada en jefe del Consejo de Inmigración Estadounidense, consideró que el fallo forma parte de la cruzada del gobierno para desalentar y evitar que los solicitantes de asilo pidan protección en Estados Unidos.
'Seguiremos combatiendo el uso que hace el gobierno de la encarcelación masiva como un arma para castigar a los migrantes', afirmó Realmuto en un comunicado.
Se presentaron 161,000 solicitudes de asilo en el año fiscal más reciente y 46,000 en el primer trimestre de 2019, según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, que supervisa a los tribunales migratorios.
El número de decisiones emitidas por los jueces de inmigración que el gobierno del presidente Donald Trump ha decidido tomar para revisión no tiene precedentes, según Sarah Pierce, analista de políticas del Instituto de Política Migratoria, un grupo apartidista.
El gobierno -tanto durante la gestión de Barr como la del exsecretario de Justicia Jeff Sessions- ha revisado un total de 10 fallos sobre inmigración. Durante el gobierno del presidente Barack Obama se revisaron cuatro, y nueve en el de George W. Bush.
