“Los niños se están enfermando de diarrea, se enferman de calenturas, de infecciones porque hay mucha mosca”, cuenta Karitina Hernández, de 63 años, una mexicana que salió huyendo del sureño estado de Guerrero con toda su familia, seis adultos y tres niños.
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Llevan semanas viviendo en una tienda de campaña de El Chaparral, uno de los cruces que unen Tijuana con San Diego, donde unos 2.000 migrantes de distintas nacionalidades -sobre todo mexicanos, centroamericanos o haitianos- viven hacinados bloqueando este paso peatonal.
“No hay higiene, aquí en la basura tiran todo, tiran el excremento, orines”, añade Hernández. Tampoco hay seguridad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó hace días de los riesgos sanitarios y de todo tipo tipo que están sufriendo esas personas — sobre todo los niños— y las autoridades en Tijuana ya han avisado que planean desalojar la zona del Chaparral pero los migrantes temen que si se mueven, sus posiblidades de cruzar disminuyan.
El gobierno estadounidense ha flexibilizado las condiciones para solicitar asilo desde que el presidente Joe Biden llegó al poder en enero, cuando suspendió algunas de las políticas migratorias más polémicas de su predecesor como el programa “Quédate en México”, mediante el cual unos 70,000 migrantes habían sido devueltos por el gobierno de Donald Trump para que esperaran en México su proceso de asilo.
Biden empezó a readmitir a parte de esas personas para analizar de nuevo su caso, dejó de expulsar a menores no acompañados o a familias con niños pequeños y empezó a permitir que las personas más vulnerables puedan cruzar para solicitar asilo aunque mantuvo activa una medida tomada al iniciarse la pandemia para devolver a migrantes que crucen ilegalmente de forma inmediata.
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Todas estas medidas unidas a los problemas económicos y de violencia de muchos países hizo que más migrantes llegaran a la frontera norte de México a probar suerte y muchos, sin espacio en los albergues y por estar más cerca de los cruces, optaron por quedarse en los campamentos improvisados.
Karitina Hernández asegura que las condiciones en El Chaparral son muy complicadas pero está contenta porque aceptaron su caso y este fin de semana podrá cruzar a solicitar formalmente asilo. A ella le mataron un hijo y acto seguido la amenazaron. “Me vine a ciegas huyendo de lo que me había pasado, destrozada”.
Otros no han tenido tanta suerte. “¿Qué pruebas quieren? Yo no necesito venir con las tripas fuera, vengo a evitar que eso me pase', dice Armando Hernández, un albañil de Michoacán, en el oeste del país, que solo comparte con Karitina el apellido -aunque no son familia- y el miedo que le hizo huir de su casa con sus dos hijos de 16 y 7 años.
“Ahora se habla de muchos muertos, de muchos desaparecidos, de golpeados pero nunca hablan del trauma psicológico que ya traen nuestras criaturas por todas las cosas que no deberían haber visto”, lamentó. “México ya no es seguro para nosotros en ningún rincón”.
La expulsión de migrantes que tuvo lugar en la época de Trump provocó la creación de campamentos irregulares a lo largo de la frontera. El más grande y preocupante de todos estaba en Matamoros, en el extremo más oriental. Después de más de un año, ese lugar quedó desalojado en marzo.
Ahora las tiendas de campaña no solo están en Tijuana sino en lugares incluso más peligrosos como Reynosa, en el estado de Tamaulipas y no lejos de Matamoros, donde las organizaciones civiles ya están también alertando de la situación sanitaria y del riesgo de que cientos de familias sean víctimas del crimen.
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Nicole Ramos, de la ONG “Al otro lado”, uno de los colectivos que ofrece ayuda humanitaria y asesoramiento legal para los más vulnerables, afirma que en estos campamentos como el de Tijuana la gente está como “atrapada” y a merced de los grupos criminales que “cazan” migrantes como si fueran animales y les extorsionan.
“Estados Unidos siempre dice que que tiene sus leyes y sus programas para proteger la comunidad migrante contra los traficantes pero (los criminales) están haciendo más negocio”, advierte.
