“Llegamos casi al núcleo del problema de la captura del Estado guatemalteco... tocamos fuertemente la impunidad del poder”, describió en una entrevista con The Associated Press el abogado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión, quien teme por los logros obtenidos y el futuro de la justicia.
La Comisión de las Naciones Unidas, que llevó a juicio a tres expresidentes y a cientos de empresarios, funcionarios, jueces y civiles acusados de corrupción, terminará sus funciones el 3 de septiembre luego de que el gobierno del presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato.
A un día de la partida de la CICIG, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), detuvo a la excandidata presidencial Sandra Torres por presuntamente financiar ilegalmente en 2015 al partido Unidad Nacional de la Esperanza que lanzó su candidatura, uno de los casos de alto impacto que investigó junto a CICIG.
Los guatemaltecos temen que el fin de sus labores deje en la nada los casos judiciales en proceso, debilite a la FECI y se produzca una posible venganza de parte de los acusados.
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Miguel Ángel Gálvez, el juez que procesó y encarceló al expresidente
Otto Pérez Molina en 2015, reconoció ese miedo.
“Considero que ya hemos retrocedido mucho”, con la salida de la CICIG del país, dijo Gálvez a The Associated Press. “Pero sin fiscales que conozcan los casos ¿qué va a pasar?”, agregó tras advertir que en las investigaciones “donde ya se está dictando sentencia así ha pasado, los casos se están cayendo”.
Muestra de ese temor es la reciente absolución del hijo y el hermano del presidente Morales, acusados de peculado y lavado de dinero por supuestamente falsificar facturas y simular una licitación para quedarse con dinero del Estado. A pesar de que el hijo del mandatario confesó el hecho, fue absuelto.
A Morales le quedan menos de cinco meses de gobierno y su sucesor, el presidente electo Alejandro Giammattei, no ha mostrado interés en solicitar de nuevo la intervención de la ONU aunque anunció la creación de una Comisión contra la Corrupción con apoyo financiero de Estados Unidos.
La cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, según analistas, se puede palpar en las decisiones de los jueces de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, cuestionada por sus fallos a favor de los acusados de corrupción.
La Sala revirtió las condenas emitidas por un tribunal contra empresarios y funcionarios acusados de uno de los casos más importantes investigados por la FECI y la CICIG: las irregularidades en la compra de medicamentos para el sistema de seguro social. El mismo tribunal también protegió al fallecido alcalde de la ciudad Álvaro Arzú para que no fuera investigado por corrupción.
Uno de los jueces que integra esa sala, la magistrada Beyla Estrada, es la esposa del secretario de Comunicación del presidente Morales.
Velásquez dijo que la experiencia le enseñó que en una lucha contra la corrupción sistémica estructural “es indispensable empezar por tener un sistema de justicia independiente, honorable”.
Pero el mayor caso investigado por la CICIG y la FECI conocido como “La línea”, que llevó a prisión a Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti y casi todo su gabinete por una defraudación aduanera se estima habría alcanzado los 65 millones de dólares, aún no ha sido juzgado y existe temor de que quede en suspenso ante la falta de respaldo del ente internacional.
El caso está programado para llegar a juicio en marzo de 2020.
Y aunque la Fiscal General de la República, Consuelo Porras, ha ofrecido fortalecer la FECI, pocos tienen fe en sus palabras. Porras decidió no contratar a ningún guatemalteco que haya trabajado en la Comisión, perdiendo con ello el conocimiento profundo que tenían de los casos.
Porras fue electa por Morales para ocupar el cargo.
Los ataques contra los fiscales de la FECI son otro temor de los activistas
“Lamentablemente hay temor de que haya una venganza contra operadores de justicia. Vimos todo lo que invirtieron estas estructuras para anular esta Comisión y para anular casos. Da cierto temor a que ellos intenten reprimir a los activistas, operadores de justicia y periodistas con la intención de revertir todo”, explicó Eleonora Muralles, activista de la organización Movimiento Pro Justicia.
La fiscal Cinthia Monterroso denunció a una de las juezas más reconocidas que ha emitido resoluciones contra el sector empresarial, Ericka Aifán, en lo que muchos creen es el inicio de la criminalización de sus decisiones. Monterroso confirmó la denuncia pero no quiso ahondar.
Juan Francisco Sandoval, el titular de la FECI, enfrenta 22 juicios de parte de amigos, familiares y acusados de corrupción y según Gálvez “las amenazas a jueces también han aumentado”.
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