El abogado que representa al gobierno estadounidense, James Lewis, insistió en las garantías dadas por Washington de que Julian Assange no será sometido a medidas especiales ni estará detenido en el temido centro penitenciario de muy alta seguridad ADX Florence, en Colorado, conocido como 'Alcatraz de las Rocosas'.
Estados Unidos pide la extradición de Julian Assange por una filtración masiva de documentos.
El juez del Alto Tribunal de Londres informó que el australiano, de 50 años, se sumó a la audiencia, por videoconferencia desde la cárcel. En un primer momento anunció que no iba a asistir.
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El abogado James Lewis indicó que la justicia estadounidense garantizará que Assange reciba los cuidados clínicos y psicológicos necesarios y que pueda solicitar purgar su eventual pena en Australia, su país de origen.
En enero, la jueza de primera instancia, Vanessa Baraitser, habría tomado una decisión diferente si hubiera tenido las garantías que hoy presenta Estados Unidos, afirmó Lewis.
Tras siete años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres y dos años y medio en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, el australiano, considerado por sus seguidores como una víctima de ataques contra la libertad de expresión, dio un gran paso hacia su libertad en enero.
La jueza británica rechazó entonces la demanda de extradición de Washington alegando que existía riesgo de que Assange se suicidara. En Estados Unidos enfrenta una pena de 175 años de prisión.
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En su demanda de apelación, Washington pone en entredicho la fiabilidad de un experto que testificó a favor de Assange.
En efecto, el psiquiatra Michael Kopelman reconoció que había engañado a la justicia al 'ocultar' el hecho de que su cliente se convirtió en padre durante su encierro en la embajada de Ecuador en Londres.
Esta apelación ante el Alto Tribunal de Londres, que durará dos días, es uno de los últimos recursos de Washington, que, en caso de que fracase, sólo podría acudir al Tribunal Supremo británico.
En caso de victoria, no será el final del caso, que será reenviado ante otro tribunal que deberá pronunciarse sobre el fondo.
'En muy mal estado'
Antes del comienzo de la audiencia, varias decenas de personas se concentraron frente al Alto Tribunal de Londres para apoyar a Assange.'No hizo nada malo desde un punto de vista legal, ético o moral', dijo a la AFP Sadia Koknie, 40 años, presente para apoyar al militante australiano.
'Fue encarcelado en condiciones repugnantes (...). No debiera estar aquí y lo que vivió es totalmente ridículo', agregó.
Assange, que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones de defensa de la libertad de prensa, es buscado por Estados Unidos por espionaje a raíz de la publicación de unos 700,000 documentos militares y diplomáticos secretos.
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Fue detenido por la policía británica en abril de 2019, tras haber pasado siete años recluido en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió cuando estaba en libertad bajo fianza. Temía la extradición a Estados Unidos o Suecia, que lo reclamaba por violación, cargos que fueron abandonados desde entonces.
Según su pareja, Stella Moris, quien lo visitó el sábado en la cárcel, Assange está 'en muy mal estado'. 'Julian no sobreviviría a una extradición, es la conclusión de la magistrada', dijo en una rueda de prensa.
'Julian quiere poder volver a Australia y ver a su familia, a su madre, a quien no ha visto desde hace ocho años', explicó, aunque admitió que será difícil porque 'Australia no ha hecho nada para garantizar su seguridad'.
Para el redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, sería 'impensable' que el Alto Tribunal de Londres llegue a otra conclusión que la 'confirmación' del rechazo de entregar a Assange a Washington.
Assange es objeto de un proceso lanzado durante la presidencia de Donald Trump. Bajo la presidencia de Barack Obama, que tenía a Joe Biden como vicepresidente, la justicia estadounidense había renunciado a actuar contra el fundador de WikiLeaks.
Pero la elección de Biden en la Casa Blanca no parece conllevar el giro en el caso que los seguidores de Assange esperaban.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras, instaron a mediados de octubre en una carta abierta al fiscal general estadounidense a que abandonase las medidas.
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