CIUDAD DE GUATEMALA, GUATELAMA.- La máxima instancia judicial de Guatemala negó este lunes a la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, un pedido de amparo que buscaba detener las protestas que demandan su renuncia.
“Esta Corte estima que no hay circunstancias que hagan aconsejable el otorgamiento del amparo provisional”, indicó la Corte de Constitucionalidad (CC) en una resolución que rechaza la petición de Porras, interpretada por varios sectores como una forma de tratar de censurar las voces críticas con su gestión.
La Corte destacó que “el derecho de manifestación” ha sido ejercido “por los ciudadanos sin poner en riesgo el orden público ni las funciones constitucionales del Ministerio Público (Fiscalía)”.
Porras pidió protección el viernes a la CC por sentirse agraviada en redes sociales y por las protestas en las que se exige su renuncia tras haber abierto una investigación en plena campaña electoral contra el partido Semilla, del ahora presidente electo, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
Las pesquisas por supuestas anomalías en la lista de afiliados fueron criticadas tanto a nivel nacional como internacional como un intento de judicializar los comicios.
Según Porras, incluida por Estados Unidos en 2021 en una lista de personajes “corruptos” de Centroamérica, las manifestaciones y los mensajes en redes sociales como X, antes conocida como Twitter, constituyen actos de “obstrucción a la justicia” y limitan “el ejercicio de la persecución penal”.
La Fiscalía también ha emprendido allanamientos contra el Tribunal Supremo Electoral, que se negó a suspender a Semilla como lo ordenó un juez a pedido del fiscal Rafael Curruchiche, después de que Arévalo diera la sorpresa al colarse al balotaje presidencial que ganó el 20 de agosto a la exprimera dama Sandra Torres, también socialdemócrata.
“La fiscal general pretende que el poder público vulnere los derechos de las personas, entre ellos el de la libertad de expresión, asociación y manifestación”, aseguró el domingo el director de Acción Ciudadana, capítulo local de la ONG Transparencia Internacional, Edie Cux, al accionar en la CC contra el pedido de Porras.
Los reclamos de renuncia se han extendido a Curruchiche y a la fiscal Cinthia Monterroso, también considerados “corruptos” por Washington.
