WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El Congreso de Estados Unidos está preocupado por las presuntas violaciones de derechos humanos en El Salvador debido al estado de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas, según una audiencia celebrada este lunes.
En respuesta a una escalada homicida que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo, el presidente Bukele solicitó, y la Asamblea Nacional aprobó, un estado de excepción. Fue autorizado inicialmente por 30 días, pero se renovó cinco veces y sigue vigente.
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“El gobierno ha respondido a un tipo de crisis de derechos humanos, la crisis de la violencia de las pandillas, creando otra, el desmantelamiento del estado de derecho”, resumió el congresista demócrata Jim McGovern, uno de los impulsores de esta audiencia en la Cámara de Representantes junto al republicano Christopher Smith, quien no asistió pero enviará su contribución por escrito.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha expresado su preocupación porque la medida “reduce drásticamente la protección de los derechos civiles”, afirmó durante la audiencia una de las panelistas, Emily Mendrala, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para América Latina.
Washington defiende la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, pero “algunas de las medidas tomadas durante el estado de excepción van en contra del establecimiento de estándares de derechos humanos y son insostenibles desde una perspectiva práctica”, añadió.
El estado de excepción suspendió la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y permite la intervención de las comunicaciones.
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“Estamos de acuerdo en que el problema debe abordarse de manera urgente y exhaustiva”, pero aunque el estado de excepción “puede abordar objetivos a corto plazo (...) no proporciona una solución duradera al problema de la violencia de las pandillas” en el país y, “si continúa, prevemos impactos duraderos en los derechos humanos y el estado de derecho”, protestó por su parte Scott Busby, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del departamento de Estado.
Según fuentes oficiales salvadoreñas, a mediados de agosto la policía había detenido a 50,000 personas en el curso de esta “guerra” contra las pandillas.
Los habitantes y los grupos de derechos denuncian arrestos arbitrarios de jóvenes de comunidades pobres o con tatuajes, con dinero en efectivo o que protestan por la detención de familiares que no han comparecido ante un juez, sostuvo Busby.
La respuesta de Estados Unidos “debe ser más fuerte, más estratégica” tanto en El Salvador como en toda Centroamérica, pidió McGovern, quien insiste en que “es una emergencia” pese a que las medidas hayan brindado apoyo popular a Bukele. Porque “popular no es necesariamente correcto”.
