La tensión en Venezuela recrudeció tras la denuncia de un supuesto complot contra el gobierno de Nicolás Maduro y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de limitar las competencias de la fiscal general, quien se declaró este miércoles en rebeldía contra la Corte, situación que escala el enfrentamiento entre los poderes públicos.
El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, condenó el supuesto ataque que realizó la víspera un helicóptero contra la sede del máximo tribunal y el Ministerio de Relaciones Interiores y llamó a los venezolanos a través de Twitter a mantener la calma y estar alerta ante la “escalada”.
Asimismo, el canciller Samuel Moncada instó a la comunidad internacional a pronunciarse sobre el incidente del helicóptero que catalogó como un “acto de terrorismo” y dijo a la prensa que espera que los países que se dicen preocupados por Venezuela reaccionen ante la denuncia del complot.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, se abstuvo de hacer comentarios sobre el supuesto complot y dijo a la cadena local Unión Radio que la coalición opositora se reuniría para analizar el caso. 'Hay gente que dice es un peine (una trampa). Hay gente que dice que es una cuestión real...Todo lo que sea es gravísimo. Todo lo que sea apunta hacia el mismo lugar que es que esta situación es insostenible en Venezuela', agregó Borges.
Los habitantes de Caracas fueron sorprendidos la tarde del martes cuando un helicóptero azul con las siglas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) sobrevoló a muy baja altura algunas zonas del este y centro de la ciudad e hizo varios disparos al aire que generaron angustia entre algunos transeúntes.
Poco después Maduro denunció, durante un acto en el palacio presidencial, un complot contra su gobierno e indicó que desde el helicóptero se habían hechos disparos contra la sede del Tribunal Supremo y se había lanzado una granada que no explotó.
La denuncia de Maduro coincidió con la difusión de un video en Instagram del inspector de la Brigada Acciones Especiales del CICPC, Óscar Pérez, quien acompañado de cuatro hombres armados y con los rostros cubiertos dijo que formaba parte de una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles, sin tendencia partidista, que actuaban en la 'búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal'.
Pérez, señalado como el supuesto piloto del helicóptero desde donde se hicieron los disparos, es hijo de un exjefe policial y protagonizó y produjo en 2015 la película 'Muerte suspendida' que muestra el lado humano y profesional de la policía judicial, indicaron medios locales.
Horas después del incidente, el máximo tribunal, acusado de ser afín al gobierno, difundió una sentencia en la que amplió las competencias de la Defensoría del Pueblo y le dio atribuciones para investigar los casos de violaciones de los derechos humanos, asumir la representación de las víctimas en los procesos penales y acceso a las investigaciones del Ministerio Público.
Algunos juristas y académicos afirmaron que el dictamen del máximo tribunal representa un 'fraude' a la constitución y abre el camino a la anulación y destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien se enfrentó al gobierno de Maduro al rechazar este mes su iniciativa para reformar la constitución.
“Continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional”, dijo el miércoles en una conferencia de prensa Ortega Díaz al objetar las sentencias de la Corte contra el Ministerio Público, y sostuvo que las “desconocemos”. La alta funcionaria llamó a los venezolanos a acogerse al texto de la constitución que obliga a colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la carta magna.
“El Tribunal Supremo de Justicia se ha constituido, son los principales actores que están derogando la constitución, y esto yo no lo voy a permitir”, indicó la fiscal al fustigar a los magistrados de la Corte a los que llamó “ilegítimos”, y agregó que “no toleran una auditoría”.
Ortega Díaz también criticó la actuación del gobierno y las fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales y expresó que “el derecho a participar, el derecho a elegir, todos esos caminos están cerrados. Eso es terrorismo de estado”.
La exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León dijo a The Associated Press que con su fallo la Sala Constitucional del máximo tribunal convirtió al defensor del pueblo en un 'fiscal alterno' que actuará según los 'designios del régimen'.
'Esta sentencia es un golpe de Estado... Lo que se busca es destituir a la fiscal', añadió.
La denuncia del complot y las acciones contra la fiscal general se dan en un contexto de creciente tensión generada por las protestas antigubernamentales que se han extendido por casi tres meses y que han dejado 75 muertos, 1.400 heridos y más de 500 detenidos.
