La provincia, situada a 1,100 kilómetros al norte de Buenos Aires y que limita con Paraguay, acumula 1,117 contagios y 10 muertos desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020. El país sudamericano totaliza 1,885.210 casos y 47,253 fallecidos.
Lo que en estadística se presenta como un éxito de la política sanitaria del gobernador peronista Gildo Insfrán, en el cargo desde 1995, tiene como contracara graves denuncias por supuestas malas condiciones de los centros de aislamiento donde se alojan a los contagiados y contactos sospechosos para evitar la propagación del virus.
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La filial argentina de Amnistía Internacional informó que recibió denuncias sobre “condiciones de hacinamiento, la falta de higiene, la falta de ventilación, la provisión escasa de alimentación de mala calidad, la utilización de rejas y cierre de aberturas como puertas y ventanas, la inexistencia de espacios separados para hombres, mujeres, adultos mayores y niños/as para proteger mejor su salud y resguardar su intimidad”.
“Las cuarentenas obligatorias se prolongan más de 14 días independientemente del resultado del testeo, ya que incluso luego de obtener uno o varios resultados negativos en muchos casos no se permitió salir del aislamiento”, detalló la organización humanitaria.
Agregó que estos centros de aislamiento “están custodiados por personal policial las 24 horas, siendo la presencia de personal de salud aleatoria”.
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En los últimos días algunos medios de alcance nacional difundieron imágenes de videos y testimonios de los propios confinados respaldando las denuncias.
En tanto que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó sobre la detención arbitraria de al menos 16 miembros de la comunidad aborigen Wichi que se manifestaban contra la atención que reciben sus familiares en los mencionados centros de aislamiento.
Si bien fueron liberados por la policía, por decisión el gobierno provincial se los envió a los centros de aislamiento para cumplir cuarentena.
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En defensa de su política sanitaria, Insfrán expresó que “no son casualidad nuestros indicadores sanitarios. Tampoco son meros números los miles de contagios evitados ni las cientos de vidas salvadas. Cada una de ellas vale más que todas las operaciones mediáticas juntas de quienes buscan un rédito político o electoral”.
Mientras dirigentes de la oposición presentaron un habeas corpus para que la justicia intervenga la provincia, una comitiva del gobierno nacional, del mismo signo político del gobernador Insfrán, viajó este miércoles a Formosa para evaluar la situación.
La misión está encabezada por el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, quien expresó en un comunicado que el objetivo del viaje es “recabar información para ponerse a disposición de las autoridades y de la sociedad de Formosa para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia en los derechos humanos de todos y todas”.
