El Consejo Municipal de Denver aprobó una ordenanza para proteger a inmigrantes, mientras la Casa Blanca amenaza con retirar los fondos federales a las llamadas ciudades santuario.
La norma aprobada por unanimidad el lunes por la noche prácticamente convierte en ley una práctica que ya estaba vigente. Está diseñada para tranquilizar a los inmigrantes de la ciudad, aunque no declara formalmente a la capital de Colorado como una ciudad santuario.
Una de las principales prioridades del presidente Donald Trump es revocar los fondos federales a las llamadas ciudades santuario, definidas como lugares que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración. El presidente sostiene que estas ciudades y condados son un refugio para actividades delictivas.
Chicago ha presentado una demanda federal contra las nuevas condiciones para recibir la ayuda de Washington. En San Francisco, Seattle y otras ciudades también se han presentado pleitos por cuestiones constitucionales.
El alcalde Michael Hancock y concejales dicen que la ordenanza de Denver formaliza la práctica ya vigente de prohibir que los empleados municipales recopilen información sobre el estatus migratorio de una persona y lo den a conocer al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés.
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También prohíbe que los agentes locales del ICE y entidades migratorias tengan acceso a los reos sin una orden judicial. Actualmente, Denver permite que agentes del ICE entrevisten a prisioneros en la Cárcel del Condado de Denver.
El alcalde emitió un comunicado tras la votación, elogiando al concejo.
'Esta noche, con la votación unánime del concejo municipal, Denver está enviando un mensaje claro y firme a nuestra comunidad, de que estamos con las comunidades de inmigrantes y refugiados y que estamos comprometidos a seguir siendo una ciudad que es segura y da la bienvenida a todos', dijo Hancock. ' ... La disponibilidad del gobierno local para proteger y servir a toda nuestra gente aumenta cuando los integrantes de la comunidad se sienten con la seguridad de acercarse a las autoridades como testigos o víctimas de delitos, independientemente de su estatus legal'.
La ordenanza resalta que los inmigrantes son menos propensos a reportar emergencias o declarar o comparecer en corte.
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