Al igual que otros 'dreamers' (soñadores), Carolina llegó a Estados Unidos siendo niña y está en un limbo jurídico desde que Trump eliminara en 2017 el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( DACA) que les permite trabajar, estudiar y conducir, y evita su deportación a países que muchos de ellos no recuerdan.
Llegada a Estados Unidos cuando tenía 12 años desde Costa Rica, Carolina es parte en la demanda que llegó a la Corte Suprema y que permite que el programa siga vigente provisoriamente.
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Este martes la joven entrará al tribunal, donde nueve jueces decidirán su destino. De ellos cinco son conservadores, dos de ellos nombrados por Trump.
'Yo espero que los jueces escuchen nuestro caso y entiendan que somos humanos, que tenemos casas, familias', explicó a la AFP.
'Y su decisión no sólo me impacta a mí como individuo, sino también a mi familia y a mi comunidad', contó Carolina que junto a decenas de 'dreamers', familiares y activistas, caminó durante 16 días 370 kilómetros entre Nueva York y Washington para asistir al proceso.
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Cuando en 2012 el gobierno de Barack Obama anunció un programa para proteger de la deportación a cerca de más 600 mil jóvenes llegados a este país sin papeles cuando eran niños, la mayoría sintió gran alivio, que ahora se convirtió en incertidumbre.
El plan estaba pensado como un arreglo temporal para darle tiempo al Congreso a legislar. Pero los representantes nunca llegaron a un acuerdo y en 2017 Trump canceló el programa.
Para Carolina, formar parte de la demanda que analizará la Corte Suprema, cuyo resultado no se espera antes de 2020, en plena campaña electoral en Estados Unidos, significa ser la voz de otros jóvenes como ella y también de los cerca de 10,5 millones de indocumentados que viven en el país.
Según los datos del Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS), hay registrados 660,000 beneficiarios del DACA, de los cuales 529,760 (un poco más del un 80%) llegaron desde México, pero también hay jóvenes arribados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur y Brasil, entre otros.
'Viviendo en las sombras'
Los tribunales que tomaron los recursos a favor de los 'dreamers' señalaron que la suspensión del programa había sido decidida de forma 'arbitraria' y 'caprichosa', pero el representante del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, argumentó en septiembre que el procedimiento para terminar con DACA fue 'legal' y 'racional'.
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Antonio Alarcón, de 25 años, es otro de los demandantes del caso. Llegó a Estados Unidos desde México cuando era niño.
Cuando recibió su estatuto DACA sintió que por fin era 'reconocido' por Estados Unidos, después de pasar años 'viviendo en las sombras'.
Si la Corte le da la razón a Trump, los 'dreamers' no van a ser expulsados automáticamente, pero se convertirán en indocumentados, con todo lo que esto implica.
Para Antonio, esto implicaría un cambio en su 'estilo de vida' pero dijo estar confiado, ya que sus padres le enseñaron a 'ser un guerrero'.
'Muchos de nuestros padres todavía son indocumentados y nuestros familiares son indocumentados y ellos sobreviven de alguna manera', afirmó.
'Moneda de cambio'
El DACA estuvo a principios de este año en el centro de un enfrentamiento entre el mandatario republicano y los legisladores demócratas, que derivó en una paralización parcial del gobierno federal por más de un mes por falta de financiamiento.
Trump ofreció dar protección temporal a los 'dreamers' a cambio de que le aprobaran 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, su propuesta insigne para frenar la inmigración irregular. El planteo fue rechazado.
'Trump decidió ir a la Corte Suprema para que ellos hagan el trabajo sucio de terminar con el programa, para que él pueda usar a los beneficiarios de DACA como una moneda de cambio', dijo a la AFP Daniel Briones, un 'dreamer' de 30 años que vive en Texas.
'Él quiere usarnos para construir el muro', agregó.
El caso también podría redefinir los límites de la autoridad del ejecutivo, indicó Steven Schwinn, un académico de derecho de la Universidad de Chicago.
'El caso plantea importantes preguntas sobre la capacidad del presidente de llevar a cabo políticas mediante la no aplicación de la ley y la discreción ejecutiva', dijo el académico.
